Como en otros temas de fondo, la política energética fue diseñada durante los años de gobierno del PP. Una política de corte populista, y arriesgada desde un punto de vista estratégico que, hasta el momento, no ha repercutido en inflación en España –todo lo contrario–, pero que terminará por ser un factor más en el encarecimiento de la mayoría de los bienes y servicios que se producen en España y en nuestra consiguiente pérdida de competitividad. Me explico.
Fue el primer gobierno del PP el que aceptó los términos de Kioto para España. En ese momento, al gobierno español le pareció imposible que España creciera tanto que los límites acordados para la emisión de CO2 a la atmósfera pudieran alcanzarse; y mucho menos sobrepasarse, como ha ocurrido en la realidad. Un tremendo error político y económico. Aunque el error no estuviera tanto en la determinación del cuánto, sino en la pretensión planificadora de creer que el futuro se podía prever. Kioto acaba de entrar en vigor y todavía no sabemos cuánto vamos a tener que pagar por nuestra producción excesiva –en función de lo que firmó el PP– de CO2. El mercado libre de derechos de emisión ha fluctuado –hasta donde conozco– entre los 20 y los 5 dólares por Tm de CO2 emitido a la atmósfera.
Un segundo error de los gobiernos del PP fue el hacer descansar el grueso del crecimiento de la producción de energía eléctrica en el gas natural. La mayor parte del que consumimos es de origen argelino y llega a España por medio de un gasoducto que cruza el estrecho de Gibraltar, después de atravesar Marruecos. El resto del suministro se logra, cada vez en mayor proporción, por medio de barcos metaneros que, al menos, diversifican el origen del gas y su distribución por España.
Pero no ha habido en los planes diseñados por el PP ni carbón de importación, ni energía nuclear ni, por agotamiento, nuevas fuentes hidroeléctricas. Lo que significa dependencia excesiva del gas natural, de precio inestable, pero ligado al del petróleo, cuyos precios seguirán –presumiblemente– subiendo a largo plazo.
El temor del PP a la energía nuclear, por su rechazo entre los ecologistas, se tradujo en su condena en los sucesivos planes. Francia, en nuestra frontera, produce más del 70% de su energía con plantas nucleares y no tiene que preocuparse de Kioto; por otra parte, el coste de la energía nuclear se está reduciendo relativamente, dada la acelerada subida del precio del carbón, del gas natural y del petróleo. Un país como España, con problemas de competitividad exterior y una moneda dura como el euro, no puede prescindir de nuevas plantas nucleares. Desgraciadamente, al populismo del PP ha sucedido la demagogia del PSOE, con declaraciones recientes en las que se afirmaba que en veinte años se cerrarían todas las plantas nucleares.
El tercer error, de carácter abiertamente populista, fueron las ventajas a las energías llamadas renovables, básicamente la eólica. Cuyo coste de producción duplica, hoy, el de las otras fuentes de producción de energía eléctrica. Hasta tal punto han sido generosos los sucesivos gobiernos españoles que, a pesar de nuestra reducida dimensión económica, somos el tercer productor mundial de este tipo de energía, sólo detrás de Alemania en Europa. Y con unos tremendos planes de expansión. Las compañías eléctricas distribuidoras están obligadas a comprar a los productores a esos precios inflados, que se disimulan en la tarifa general. Hoy, la energía de origen eólica significa un 6% de la producción total de energía en España, pero su tendencia es creciente. Y cuando hay picos de demanda de energía, por frío o calor, que suelen coincidir con anticiclones, los molinos de viento se paran, como acaba de ocurrir la pasada semana, lo que se traduce en cortes en el suministro a industrias o particulares.
Otra de las políticas energéticas del PP fue decidir, vía BOE, cuántas empresas productoras de energía eléctrica tenía que haber en España para que hubiera competencia. Hasta el extremo de dictaminar negativamente la fusión de Hidroeléctrica del Cantábrico con Unión Fenosa porque –en las lucubraciones dirigistas del ministerio de economía– se afirmaba que de la independencia de Hidroeléctrica dependía que en España hubiera un mercado competitivo; en el mismo sentido se impidió la fusión de Endesa e Iberdrola. Como si en un mercado como el de generación de electricidad, aislado de Europa por decisión de Francia, pudiera haber auténtica competencia y se pudiera obviar la presencia de un regulador con amplias funciones.
