Durante las últimas semanas se han multiplicado las ofertas electorales de contenido económico, tanto del PSOE como del PP. Hoy por hoy, yo diría que el PP lleva la delantera en cuanto a ofrecimientos a los residentes en España si gana las elecciones. Aunque en la medida en que se multiplican, reducen la credibilidad de todo el paquete. En apenas cuatro semanas han ofrecido la exención de IRPF a todo el que gane menos de 16.000 euros anuales; en segundo lugar, ajustar el resto de la escala de tipos del IRPF para todos los que ganen más de esa cifra y, ahora, en tercer lugar, subir sustancialmente las pensiones mínimas. Una reducción de impuestos de carácter contracíclico que podría justificarse si finalmente se produce la fuerte caída de actividad que algunos estamos anticipando.
Rodríguez Zapatero no se ha amilanado y dice que él y su Gobierno no sólo van a hacer efectivas las distintas ofertas económicas que aparecen en los Presupuestos para 2008, como la atención bucodental, y la financiación de la Ley de Dependencia, que puede suponer miles de millones de euros, sino que van a crear 1,8 millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años, y 1,4 millones de viviendas de protección oficial –que, por cierto, los que las hacen, o no las hacen, son las autonomías– en los próximos diez años. Y todavía quedan dos meses para las elecciones... ¡Fantástico! Con un poco de suerte el partido que gane suprimirá el IRPF, dará a todos los residentes en España un sueldo sin contrapartida, además de una vivienda casi gratis (al menos, en Andalucía) y, después, una pensión suficiente para vivir con dignidad.
Pero ha habido una oferta inesperada de Rodríguez Zapatero si gana las elecciones, y que contradice los anuncios oficiales de Solbes y todo el equipo económico gubernamental. Me refiero a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio por parte del Gobierno. ¿Por qué el anuncio ahora? Hay una explicación sencilla: el PSC (el partido socialista de Cataluña), que hoy es ya un partido diferente del PSOE, se lo ha exigido a Rodríguez Zapatero para seguir apoyándole en el Parlamento.
Desde que Esperanza Aguirre suprimió el impuesto de donaciones de un plumazo, el de sucesiones entre parientes próximos de tres plumazos y, aún más, desde su anuncio de la desaparición del de patrimonio en otros tres plumazos, en 2008, 2009 y 2010, en la Generalitat de Cataluña todo es depresión. Como están convencidos de que unos miles de millones de euros son los que explican la prosperidad madrileña y los blues catalanes, se aferran a la creencia de que las transferencias de dinero público resolverán sus problemas. Están convencidos de que unos miles de millones en infraestructuras, más gasto público para sus hospitales y, por supuesto, educación en catalán, harán el milagro de transformar su autonomía. Hace tiempo que su consejero de economía y el propio presidente, Montilla, se quejan públicamente de la competencia fiscal de Madrid. ¿Qué obvian? Que Cataluña tiene un peso industrial mucho mayor que el de Madrid, lo que durante decenios les ha permitido un mayor nivel de vida –que hemos pagado, en parte, el resto de los españoles–, pero que, ahora, en un momento de enorme competencia internacional en ese tipo de productos, Madrid tiene la ventaja de una menor industria tradicional y un mayor peso de servicios, actividad que prestan personas con mejor preparación y para toda España, en español y, cada vez en mayor proporción, en inglés.
¿Competencia fiscal desde Madrid? ¿Seguro? Estamos hablando de que los residentes en Madrid habrán dejado de pagar alrededor de 800 millones de euros anuales cuando termine de eliminarse el impuesto sobre el patrimonio. Para que los lectores tengan una idea de magnitudes, el presupuesto total de ingresos de la Comunidad de Madrid alcanzó los 21.000 millones de euros en 2007 y en los presupuestos del Estado para 2008 se aumentan las inversiones en Cataluña en más de 1.800 millones de euros sobre el año anterior. El incremento es tan grande que ha pillado a los gestores políticos catalanes sin preparar y, por primera vez en la historia reciente de las relaciones entre la Administración Central y las autonomías, aparecen en los presupuestos una partida de 800 millones de euros para Cataluña sin especificar para qué proyectos: serán los que salgan, o los que se les ocurran, a los políticos catalanes de turno.
El tripartito catalán no quiere eliminar sucesiones, donaciones y patrimonio. En primer lugar, para no perder esos ingresos, lo que ocurriría si los suprimiera unilateralmente, como ha hecho Madrid. Por contra, si los suprime el gobierno nacional, éste está obligado a compensar a las autonomías por esa pérdida de ingresos. Por tanto, no perdería ingresos tributarios; al contrario que Madrid, que ya ha perdido, sin compensación futura posible, los 300 millones anuales de ingresos correspondientes a donaciones y sucesiones y quizá otros 200 millones de euros de la primera rebaja de patrimonio. Pero hay más, los políticos catalanes creen que para dinamizar su autonomía hace falta más gasto público. Los de Madrid, al menos los de Esperanza Aguirre, saben que lo importante no es el gasto público, sino la reducción de impuestos y que todos y cada uno de los madrileños sepan que en esa autonomía se respeta el ahorro privado.
He defendido, y lo sigo haciendo, que Madrid crece más que otras autonomías por el papel central que juega en el conjunto de España, además de por su falta de especialización en industrias tradicionales y el nulo peso de la agricultura en su economía. Y por otra serie de razones históricas que ahora no vienen a cuento. Madrid crece porque España lo hace. Y viceversa. El papel de la reducción de impuestos generales directos en el crecimiento económico es muy reducido de forma directa. Más importante es su efecto en la confianza de los ahorradores y en el cambio de hábitos de comportamiento de toda la clase política española. Hoy, la mayoría de las autonomías ya han reducido, o eliminado, sucesiones y donaciones. Y el próximo gobierno, sea del PP o del PSOE, eliminará el del patrimonio.
Tres decisiones políticas de Esperanza Aguirre, que se van a traducir, a la postre, en una merma de ingresos públicos de menos de 2.000 millones de euros anuales para toda España y que, por tanto, no tienen peso tributario directo para los ingresos públicos del conjunto de las Administraciones Públicas, que ingresan, entre todas, alrededor de 370.000 millones de euros anuales, pero que sí lo tienen para las expectativas de los ahorradores españoles. Ya no serán necesarios complejos entramados societarios para pagar menos a nivel personal. Y habrá menos dinero negro. Y disminuirán las diferencias entre pobres y ricos –pues los más pudientes tienen mecanismos legales para eludir el pago de los impuestos personales directos–, en un momento histórico en el que la desigualdad entre españoles ha aumentado significativamente, al mismo ritmo y como consecuencia, en parte, de la globalización. La otra razón del crecimiento de la desigualdad es la acumulación de rentas y patrimonios en las personas dueñas de suelo, de promociones, de constructoras e inmobiliarias.
Tenemos que agradecer, por tanto, a Esperanza Aguirre su valentía y visión de futuro; al PP nacional su tardío seguidismo de esas políticas; a los políticos catalanes del tripartito su miopía y su obsesión con las transferencias públicas desde el Estado para gastarse tanto la actual recaudación de esos impuestos como todo lo que puedan succionar del Gobierno de Rodríguez Zapatero; y al propio Rodríguez Zapatero su inanidad y su populismo electoral. Gracias a todos. Necesitamos elecciones con más frecuencia...
