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La corrupción del sistema de las cajas de ahorros

El estado-nación que ha diseñado el estatuto de Rodríguez Zapatero nacería, así, con un conjunto de instituciones financieras afines, para hacer políticas sin control parlamentario, para perseguir objetivos económicos y políticos que se juzguen necesarios

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Libertad Digital publica este miércoles el primero de dos artículos escritos por Alberto Recarte sobre el sector de las cajas de ahorros en España. En la segunda entrega, Recarte abordará el papel de las cajas en la economía española y su especial relación con los partidos políticos.
 
I. Introducción
 
De todas las corrupciones, la que se perpetra utilizando el sistema crediticio es la más dañina. La corrupción habitual en los gobiernos nacionalistas catalanes había tenido que ver con la adjudicación de obras públicas, el juego y la liquidación de impuestos. Pero es la primera vez, excepto el caso de Banca Catalana –donde se juntaron la incapacidad de los gestores y administradores y la corrupción política– es, repito, la primera vez en mucho tiempo, en que aparece perfilada la connivencia entre el gobierno nacionalista y los gestores de la principal caja de ahorros de Cataluña, La Caixa, como causa probable de la extensión de la corrupción al ámbito crediticio.
 
Podríamos haber tenido dudas respecto a la participación de los gestores y los principales administradores de esta institución financiera, sobre si se vieron forzados a condonar los créditos el PSC y ERC, o si fue una transacción a cambio de algo en concreto, pero su declaración, en el sentido de que la condonación de créditos a partidos políticos es una “práctica habitual”, al igual que –dicen– se hace con muchas organizaciones de carácter social, pone al descubierto un grupo de financieros que son, ellos también, integrantes del entramado de la corrupción nacionalista que, de siempre, se ha sentido legitimado para no respetar ningún límite legal ni ético en sus actuaciones.
 
Las grandes crisis financieras internacionales de los últimos años en países relativamente avanzados se han producido por la influencia política en las políticas crediticias de las principales instituciones financieras. Japón es el caso más claro; pero también ha ocurrido en Corea del Sur, Tailandia, Malasia e Indonesia. En China también, por supuesto, y en la Rusia post-soviética, aunque en estos países el fenómeno haya sido más general y previo y abarque, también, al gasto presupuestario. Hay suficientes razones para explicar esta utilización del sistema financiero. En casi todos los países que son miembros activos de la comunidad internacional y que pertenecen a sus organizaciones económicas más relevantes, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los ingresos y gastos presupuestarios están relativamente intervenidos, a priori y a posteriori; pero los créditos bancarios pueden darse, o no, reclamarse o no, cobrarse o no y ejecutarse los avales y las garantías recibidas o no.
 
En el sistema financiero habitual, el que constituyen los bancos, todas las instituciones tienen propietarios que están representados en los respectivos consejos de administración. Estos consejos cuidan, por propio interés, de no conceder créditos a sociedades insolventes o que se supone que puedan serlo en un futuro y cuando se detecta que hay problemas, provisionan –según lo previsto en las diferentes disposiciones- esos créditos fallidos, y proceden a ejecutar las garantías que se tengan –si es que existen. Pero los banqueros no pueden hacer lo que quieran con el crédito que manejan, aunque el banco de que se trate sea suyo. Tienen que responder ante otros accionistas, si existen, ante los depositarios, porque un mal uso del crédito puede hacer quebrar la entidad y que todos pierdan su dinero y ante la hacienda pública si, por ejemplo, se considera como gasto un crédito concedido a sabiendas de que no iba a ser devuelto. Recuérdese el caso de Mario Conde que fue condenado a seis años de cárcel por pagar 600 millones de pesetas a una sociedad, Argentia Trust, que distribuyó, después, ese dinero entre diversos políticos españoles, para que influyeran en decisiones gubernamentales a favor de los intereses de Banesto.
 
II. Los Consejos de Administración
 
¿Cuál ha sido el proceso en La Caixa en el caso de los créditos condonados al PSC y a ERC? ¿Lo supo el Consejo de Administración? ¿Cuándo? ¿Qué decisiones tomó? La ausencia de propietarios, dada la naturaleza jurídica de las cajas, hace, sin lugar a dudas, más difícil exigir responsabilidades personalizadas. Sobre todo si la iniciativa, ilegal, de no pagar, parte de un partido político, con capacidad de designación de consejeros en esa caja porque a los miembros del Consejo de Administración de las cajas de ahorro los nombran los partidos políticos con representación en los ayuntamientos y en los parlamentos autonómicos. Pero, si esos mismos partidos obligan a delinquir a los administradores de las cajas de ahorro, y éstos aceptan la presión por miedo o interés, todo el complejo orden jurídico de las cajas de ahorro se viene abajo.
 
Hasta ahora, en general, y al margen de corrupciones menores, el sistema de control en las cajas de ahorro ha funcionado bastante bien; porque los partidos políticos han sido bastante responsables. No han intentado imponer políticas crediticias nacionalistas o de partido a las cajas; no han intentado, sistemáticamente, proteger a algunos sectores o empresas por razones de proteccionismo económico o para mantener, artificialmente, el empleo en un sector determinado, afectado por la globalización, por poner un ejemplo.
 
III. La especial situación de La Caixa y otras cajas de ahorro en Cataluña
 
Pero esta política de prudencia se ha roto en Cataluña, donde han florecido, desde 1977, todas las corrupciones. Por eso no es de extrañar que en el estatuto aprobado por el parlamento catalán se modifique profundamente la regulación de las cajas de ahorro domiciliadas en esa autonomía. El gobierno de la Generalitat –según dicho estatuto– nombrará directamente a los administradores y orientará y controlará la política crediticia. Incluso, como concesión mayor, se regula que el Banco de España “podrá” participar también en la inspección y control de esas entidades.
 
El estado-nación que ha diseñado el estatuto de Rodríguez Zapatero nacería, así, con un conjunto de instituciones financieras afines, para hacer políticas sin control parlamentario, para perseguir objetivos económicos y políticos que se juzguen necesarios –aunque sean radicalmente ineficientes– y para repartir cohechos entre todos los que se presten al juego nacionalista de la corrupción. Todos serían beneficiados: políticos, financieros, empresarios, jueces, abogados, constructores e inmobiliarios.

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