Quizá la mayor fortaleza política del PP sea su fiabilidad a la hora de hablar de rebajas de impuestos. El gobierno de Aznar fue capaz de bajar por dos veces el IRPF, a todo el mundo, desde los que apenas ganan para vivir hasta las grandes fortunas. Y fue más importante, políticamente, la satisfacción general de los contribuyentes que el sentimiento de envidia y de desigualdad que intentaron diseminar los intelectuales, periodistas y políticos de los partidos de izquierda. Y además se consiguió mantener la recaudación. El éxito ha sido tan completo que el PSOE no se ha atrevido a tocar los impuestos, por más que un sector hubiera defendido, en su día, un impuesto de tipo único.
El único político que ha subido descaradamente los impuestos ha sido Ruiz Gallardón en el ayuntamiento de Madrid. El IBI, ahora lo sabemos, ha aumentado de un año para otro entre un 30% y un 50%. Unos mayores ingresos que ha dedicado a la contratación de personal adicto, del orden de 400 personas, sin ningún tipo de concurso, y al cambio de sede. Las obras de infraestructura las financiará con endeudamiento, aprovechando la solidez de las cuentas que ha heredado, fruto de la frugalidad del anterior alcalde, Álvarez del Manzano.
La oposición de los ciudadanos a la subida de impuestos es tan fuerte que Pedro Solbes ha acusado –en una comparecencia en el Senado– tanto al ayuntamiento de Madrid –con toda justicia– como a la comunidad de Madrid –con notoria falsedad y mala fe– de haber cometido ese pecado nefando. Es más, la autonomía que más va a bajar los impuestos –entre todas las españolas– es la de Madrid, que verá, durante el mandato de Esperanza Aguirre, la desaparición del impuesto de sucesiones para todos –no sólo para las grandes fortunas, como es el caso en toda España en la actualidad–, y la reducción del IRPF, hasta un total conjunto del 44%.
El argumento de Solbes para acusar a Aguirre es tan peregrino que retrata al personaje. Para empezar, la consejería de Hacienda ha puesto al día, obligada por la Ley General Tributaria, una tabla con precios de referencia de las viviendas y otros inmuebles en la comunidad de Madrid, en función de su situación y antigüedad –una revisión habitual y cíclica–, para que los compradores y vendedores no caigan en la tentación de reducir artificialmente el precio oficial declarado ante notario, incrementando, de esa forma, el dinero negro en circulación, con lo que se evitan –además de otras razones– pagar más por los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En la práctica, cuando los precios declarados ante notario son inferiores a esos de referencia, hay grandes posibilidades de que la Hacienda regional instruya una inspección. En la medida en que, y como consecuencia de esa revisión oficial de los precios de referencia, efectivamente, algunos declaren un mayor precio oficial, aumenta la recaudación fiscal. Pues bien: aunque parezca increíble, esa es la acusación de, nada menos, un vicepresidente del Gobierno de la nación, al que no le importa la lucha contra el fraude, sino la calumnia económica.
En cuanto a cifras, quizá estemos hablando de que el incremento de recaudación vía ITP y Actos Jurídicos documentados, por esos conceptos, derivados de esos potenciales defraudadores desanimados, quizá sea del orden de 10-20 millones de euros, mientras que la rebaja completa de sucesiones y del IRPF puede suponer más de 400 millones de euros anuales. Que el vicepresidente económico del Gobierno no sea capaz de echar las cuentas de lo que significan esos cambios es dramático. Peor, es desesperanzador.