El PSOE todavía no ha empezado a quejarse de la “pesada herencia recibida”, pero lo hará dentro de poco. Hay, desde luego, una nefasta decisión del PP que les afectará como gobierno y, más importante aún, que nos afectará a empresas y ciudadanos.
Me refiero a los términos en que el primer gobierno del PP firmó los acuerdos de Kioto. Las últimas cifras publicadas sitúan los pagos que España tendrá que hacer en el entorno de los 4.000 millones de euros anuales. Y me temo que por tiempo indefinido. Una cifra similar a la que en 2005 España recibirá en concepto de transferencias netas de la Unión Europea, por los capítulos agrarios y fondos estructurales o de adhesión.
El gobierno español tiene, ahora, que distribuir esos 4.000 millones de euros entre las empresas contaminadoras, en la medida no sólo en que emitan CO2, sino en que no se hayan modernizado ni hecho esfuerzos para minimizar la emisión de gases. Lo que no paguen directamente las empresas –y a muchas les puede suponer la suspensión de pagos, esa institución tan querida y practicada en la vieja Europa– lo tendrá que pagar el estado, con cargo a los presupuestos generales de las administraciones públicas. En Francia, y sobre todo Alemania, deben estar muriéndose de la risa pensando en un posible déficit público español, tras años de regañarles por su incompetencia fiscal.
Zapatero y Moratinos, un dúo que dará mucho que hablar en política exterior, tienen dos opciones. La primera, aunque el PSOE ya ha dicho que renuncia al peso político que nos da Niza, dar marcha atrás cara a la galería, al menos, y ofrecer a Francia y Alemania nuestro vasallaje a cambio de una rebaja de nuestros pagos por Kioto. Y otra mejor -y perdón por la boutade–, ir a Moscú y negociar con Putin unas transferencias netas de España a Rusia, anuales, mientras no firmen el tratado de Kioto y no se ponga en marcha ese nefasto impuesto al crecimiento económico español, que lejos de ser una defensa del medio ambiente es un estímulo a la parálisis económica.