En estos dos años, el gobierno socialista, aliado de los separatistas catalanes, ha tomado cuatro decisiones importantes:
1º) La primera fue acusar a los gobiernos del PP de haber falseado las cuentas públicas, hasta el punto de afirmar que en 2003 había un déficit encubierto de gran magnitud y otro preparado para 2004.
La realidad pudo con esa falsa acusación. A pesar de haber contabilizado de una forma diferente partidas de gasto importantes, para maximizar ese supuesto déficit fiscal encubierto, todo lo que lograron fue un déficit del 0,1% del PIB en 2004, frente a acusaciones que lo incrementaban hasta más del 1% del PIB. Es más, el esquema fiscal heredado del PP ha vuelto a generar un gran superávit en 2005 que, ahora sin reclasificaciones, supera el 1% del PIB, más de 9.000 millones de euros.
2º) La segunda gran decisión fue el pacto con los nacionalistas catalanes para entregar regalada Endesa a Gas Natural. En esta operación se han sucedido los disparates y han sufrido descrédito casi todas las instituciones que han intervenido. La CNMV, pero, sobre todo, la Comisión Nacional del la Energía y el propio Consejo de Ministros, que aprobó hace poco una reforma institucional sobre el mercado regulado que favorece la OPA de Gas Natural y que perjudica, con efectos retroactivos, a la alemana E.ON. Que La Caixa-Gas Natural pretendían quedarse con Endesa sin pagar un precio siquiera cercano al de mercado ha quedado de manifiesto con la evolución de la cotización, con la valoración de Endesa por parte de los más diversos analistas, con la propia OPA de E.ON y las declaraciones de los responsables de Gas Natural, que ahora dicen estar dispuestos a subir su oferta en más de un ¡40%!
Los efectos negativos de la inseguridad jurídica generada, tanto en España, para empresas nacionales y para inversores extranjeros como sobre inversores españoles en el exterior, pueden ser muy acusados. Este gobierno ha demostrado que es capaz de saltarse la ley a la torera para lograr un objetivo político, aunque en ese empeño se lleve por delante la credibilidad económica de España, lograda tras muchos años y muchos esfuerzos.
En positivo, ese intervencionismo está sirviendo para que empresarios, accionistas y ciudadanos españoles entiendan el tipo de gobierno que tenemos. Desde este punto de vista las actuaciones del gobierno en las OPAs sobre Endesa son la mejor explicación didáctica posible sobre la política económica de este gobierno. Es más fácil entender las desvergüenzas de este gobierno analizando su actuación en este caso que organizando miles de mítines, conferencias y artículos de denuncia sobre los peligros que acechan a la economía española como consecuencia del sectarismo aislacionista de Rodríguez Zapatero.
3º) La tercera decisión ha sido la de modificar la financiación de Cataluña y, en teoría, la del resto de las autonomías.
En la actualidad, el Fondo de Suficiencia, que completa la financiación autonómica, aportando ingresos estatales a las autonomías que no alcancen suficientes recursos para cubrir el coste de suministrar los mismos servicios públicos en toda España, es del orden de 29.000 millones de euros. A Cataluña le corresponden 2.400 millones de esos 29.000 millones, mientras que Madrid y Baleares recaudan más de lo que, en teoría, necesitan.
Según lo acordado por Rodríguez Zapatero con CiU, Cataluña –y se supone que el resto de las autonomías– recibirá el 50% de la recaudación por IRPF e IVA y el 58% de otros impuestos sobre productos. Con los ingresos adicionales que eso significa la autonomía catalana puede incrementar su financiación anual en más de 4.500 millones de euros.
Por supuesto que ese acuerdo rompe el acuerdo unánime entre el Estado central y las autonomías, que desembocó en la ley de financiación de 2001. Será necesario que esa ley se modifique, adaptándola y corrigiendo la filosofía que la inspiraba, que era la de la igualdad entre todos los españoles, con modificaciones y modulación en atención a la población, edad, dispersión geográfica, densidad de población e insularidad.
¿Cuál será el coste total para los presupuestos generales del Estado? Imposible saberlo, pero fluctuará entre un mínimo de 6.000 millones y un máximo de 21.000 millones de euros.
Ese aumento de transferencias a las autonomías explica la timidez de la cuarta decisión de este pésimo gobierno, la anunciada reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.
4º) La reforma fiscal susodicha es mínima, desincentivadora del ahorro, especialmente del destinado a planes de pensiones privados y de empresa y desaprovecha uno de las pocos instrumentos que tienen los gobiernos nacionales del área euro para fomentar la competitividad y la atracción de inversiones directas del exterior.
La falta de competitividad, el gran problema de la economía española, no se ataja, porque en los proyectos revolucionarios y anticonstitucionales de Rodríguez Zapatero es prioritaria la destrucción de la nación española y la transferencia de fondos y empresas a sus aliados separatistas, antes que la recuperación y la modernización del aparato productivo español.
