
Hay razones bien fundadas que explican las diferencias entre los enormes problemas de los sistemas crediticios de los países desarrollados afectados por la crisis y la aparente falta de problemas del español.
Todas las entregas del ensayo La solvencia del sistema crediticio español: el futuro previsible, de Alberto Recarte, están disponibles aquí.
Parece evidente que nuestros problemas son mucho menores que los de la banca anglosajona, americana, inglesa o irlandesa, lo que desconcierta a propios, extraños y a las agencias de rating. Lo que ocurre es que los problemas de la banca de esos países se han puesto de manifiesto mucho antes que los nuestros y que, a un enorme coste, ya han sido resueltos. El sistema crediticio español ha pasado por una terrible crisis de liquidez y es ahora cuando empiezan a aparecer los problemas de mora y de solvencia que, aunque graves, tendrán menor entidad que los que han soportado los sistemas financieros de otros países desarrollados.
En España, las ayudas públicas para todo el sistema crediticio han sido mínimas. Los fondos públicos invertidos han sido hasta ahora irrelevantes. En total, se han gastado alrededor de 4.000 millones de euros en la compra de activos y se han destinado otros 6.500 millones de euros a capitalizar el FROB. Si a esas cifras se suman los cerca de 10.000 millones de euros que ha aportado el ICO para facilitar la concesión de créditos por parte de la banca, resulta que estamos hablando de alrededor de 20.500 millones de euros; una cifra que significa el 2% de nuestro PIB y que no tiene por qué traducirse en pérdidas. Los 4.000 millones de compra de activos es posible que no registren ni pérdidas ni beneficios. Los 10.000 millones gastados por el ICO registrarán pérdidas, pero no tienen por qué ser cuantiosas. Esas ayudas lo han sido, en definitiva, para facilitar liquidez al sistema crediticio español en unos momentos de enorme incertidumbre, no sólo sobre la supervivencia de nuestro sistema crediticio, sino sobre la de muchos otros países, empezando por los de Estados Unidos y Gran Bretaña.
La ayuda pública más importante la han constituido, hasta ahora, la concesión de avales públicos para garantizar la emisión de deuda bancaria a tres años, y desde hace poco a cinco años, por una cifra total que en el tercer trimestre de 2009 ha alcanzado los 39.000 millones de euros de un total aprobado de 100.000 millones de euros. Se trataba, nuevamente, de facilitar liquidez al sistema crediticio; un sector dependiente, como el resto de la economía, de la financiación del resto del mundo. En la medida en que los problemas de liquidez en el mundo se han reducido, la necesidad de emitir deuda bancaria española con aval público también ha remitido. De hecho, en los últimos meses, algunas entidades crediticias españolas han colocado deuda a esos plazos u otros superiores, sin aval público, por alrededor de 12.600 millones de euros. Esos avales públicos tienen un coste para las entidades crediticias y no tienen por qué transformarse en pérdidas y gasto público definitivo.
Desde el punto de vista del coste para las finanzas públicas de las ayudas al sector financiero, España es una excepción. Nada que ver con los masivos gastos públicos de muchos otros países desarrollados para compra de activos de mala calidad, recapitalización de entidades quebradas y de compra o recapitalización de otras entidades financieras, como las de los seguros, y de empresas, como las automovilísticas, en Estados Unidos.
Es evidente que, desde el principio hubo problemas que afectaban a la "solvencia" del sistema crediticio español, en la medida en que los créditos concedidos a los sectores inmobiliario, constructor y los préstamos hipotecarios concedidos a los particulares –que suponen más del 60% del total del crédito bancario– terminarían por afectar a los fondos propios del sistema crediticio. Pero esa afectación se produce lentamente, a través de la aparición de créditos en mora, de la declaración de empresas y personas en situación de concurso de acreedores, y tras largos procesos judiciales.
En otros países, el proceso de pérdidas de sus sistemas crediticios y financieros ha sido rapidísimo, porque los créditos de las entidades crediticias se concedieron o invirtieron en la compra de complejos activos financieros que se suponían sólidos, porque las mayores agencias de rating los habían clasificado de esa forma. Al haber perdido esos activos financieros en muchos casos casi el 100% de un valor y al ser tan reducidos los fondos propios de la banca –por la propia naturaleza de este tipo de instituciones–, las pérdidas han superado, en muchos casos, la totalidad de esos fondos propios, que ha habido que reponer a través de nuevas inversiones por parte de instituciones públicas o con ampliaciones de capital suscritas por privados (en ocasiones acompañadas por la emisión de deuda a largo plazo con altísimo coste).
La situación del conjunto del sistema crediticio español recibe últimamente tanta atención porque no es fácil de entender que: a) teniendo una economía que se contrae al mismo ritmo que las del resto de Europa, b) un déficit público de los mayores de los países europeos o de miembros de la OCDE (sólo superado en 2009, por lo que se espera, por Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Portugal y Grecia, al margen de algún otro país del Este de Europa) y c) una altísima tasa de paro, nuestro sistema financiero no necesite una recapitalización inmediata.
Las razones por las que nuestro sistema crediticio ha aguantado mejor la crisis financiera que los de la mayoría de los países son de orden diverso:
En conclusión, hay razones bien fundadas que explican las diferencias entre los enormes problemas de los sistemas crediticios de los países desarrollados afectados por la crisis y la aparente falta de problemas del español.
Nuestros problemas se están confirmando en la medida en que las refinanciaciones de muchos promotores inmobiliarios no se están traduciendo en la recuperación de su equilibrio económico y financiero, porque los planes de negocio que se aprobaron no se están cumpliendo. En la medida, en segundo lugar, en que aumenta el desempleo y, sobre todo, con el temor de que se mantenga en el tiempo, empeorando la situación financiera de muchas familias (recuérdese que en España el 82% de todas las familias es propietaria de su vivienda); y, en tercer lugar, por la crisis de ventas del conjunto de empresas productivas diferentes de las del sector inmobiliario-constructor. Sin perder de vista las posibles pérdidas en las cuentas de resultados de muchas entidades financieras que tienen un tamaño excesivo dada la escasa actividad crediticia.
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