Todas las entregas del ensayo La solvencia del sistema crediticio español: el futuro previsible, de Alberto Recarte, están disponibles aquí.
La tasa del 7% de mora, que podría haber aparecido ya a no ser por las medidas de dudosa ortodoxia que se han tomado por las entidades financieras con el visto bueno del Banco de España, terminará por manifestarse el próximo año. Y el deterioro continuará, en la medida en que siga creciendo el desempleo, reduciéndose la actividad y las ventas de todos los sectores: en particular la de los productores de bienes de equipo, los de bienes de consumo duradero y los de bienes y servicios de consumo que hoy son más prescindibles.
En mi opinión, la mora y otros créditos dudosos podrían alcanzar una tasa del 12% en 2011 o 2012, lo que supone una cifra de 254.000 millones de euros, frente a los 90.000 millones de euros actuales. Estoy suponiendo que el PIB español se reduce en 2010 entre el 1% y el 2% y que en 2011 se estabiliza, con muy reducido crecimiento y sin creación de empleo. Eso significa, si la evolución de la mora es similar a la de la última crisis, la de 1990-1993, que la tasa mayor de mora se podría alcanzar el año siguiente, en 2012.
En el análisis de la morosidad que se ha hecho hasta ahora, se ha considerado como desencadenante del fenómeno la corrección de los excesos de crédito a los sectores inmobiliarios, de la construcción y a la industria y los servicios ligados a la misma, así como a las dificultades de las familias que compraron sus viviendas en los últimos cuatro años a precios mucho más altos que los actuales del mercado, al aumento del paro y a la fortísima incidencia de impagados en los créditos al consumo de los hogares.
Lo que no se ha hecho es analizar qué podría pasar en los sectores productivos españoles diferentes del de la construcción si la contracción económica alcanza los cotas que yo, al menos, considero posible y que suponen una reducción del PIB real de alrededor del 4% en 2009, y próximo al 2% en 2010. Es verdad que los créditos que soportan estos otros sectores productivos son relativamente muy reducidos; apenas el 38% del total de los créditos del sistema a los residente en España, y que, por tanto, aunque la contracción sea lo aguda que aquí se expone, sus efectos en posibles impagos de las empresas de estos sectores no serían deletéreos para nuestro sistema crediticio, dada su situación de capital y reservas de todo tipo (incluidas las provisiones) con los que cuenta.
Lo que no sabemos es cómo afectará esta crisis al empleo. No sabemos hasta dónde alcanzará el desempleo y, por tanto, cómo afectará a las voluminosas partidas de préstamos hipotecarios y de préstamos para el consumo de bienes duraderos y de otra naturaleza de los hogares.
Conviene analizar, pues, con toda la transparencia posible cómo los retrasos en los pagos podrían transformarse en pérdidas definitivas. Sin embargo, si ya es difícil calcular la posible mora, mucho más lo es hacerlo con las pérdidas definitivas.
Tradicionalmente, ni al Banco de España, ni a los redactores de los acuerdos de Basilea, ni a las propias entidades financieras les han preocupado demasiado las pérdidas en los préstamos hipotecarios. Históricamente, las pérdidas registradas por la ejecución de garantías hipotecarias sobre viviendas se han recuperado en una parte sustancial, aunque fuera necesario un largo proceso, de hasta 8 ó 9 años desde los impagos, pasando por la ejecución, hasta la venta final.
Otro renglón diferente es el de los préstamos a los promotores inmobiliarios, pues es la primera vez que el sector crediticio ha financiado suelo de una forma masiva, pasando de apenas 30.000 millones de euros de financiación en 1998 a más de 324.000 millones de euros en la actualidad (datos del segundo trimestre de 2009). De los 324.000 millones de créditos concedidos para actividades inmobiliarias es posible que cerca del 40% sea suelo.
¿Qué valor tendrá ese suelo en 6 ó 7 o incluso más años? En mi opinión, un valor claramente inferior al actual: porque hay demasiado, y porque las necesidades de nuevas viviendas y otros tipos de edificaciones serán, por razones demográficas, y de competitividad con otros países, más limitadas en el futuro. No sería disparatado pensar que se va a perder más del 60% del valor de esos suelos. En total, la cifra por este solo concepto sería de alrededor de 80.000 millones de euros. Una pérdida que en parte soportará el sistema crediticio y, en parte, los accionistas y otros acreedores de esas empresas. La cifra de pérdidas del 60% es posible que sea moderada, pero si tenemos en cuenta que en ese epígrafe se incluye financiación corporativa a empresas de promoción inmobiliaria para financiar las operaciones societarias de compra que hicieron en los años 2007 y 2008, esos 80.000 millones de posibles pérdidas se convierten en una cifra mínima. El Informe de Estabilidad Financiera avanza una hipótesis, que califica de extremada, de que se pierda hasta el 40% del total de los 324.000 millones de euros. La cifra subiría, por tanto, hasta los 130.000 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, como se expondrá más tarde, en dicho Informe aparece que las pérdidas por ese concepto de alrededor de 100.000 millones en lugar de los 130.000 millones de euros.
En lo que respecta a los créditos al sector de la construcción, hay que distinguir entre los concedidos a empresas que tienen diversificada su actividad, dentro y fuera de España, y el resto. Y lo mismo habría que decir respecto a las posibles pérdidas de otros sectores industriales y de servicios relacionados con la construcción.
Aunque sea un ejercicio puramente intelectual se podrían asignar con criterios moderados cuáles podrían ser, a lo largo de un periodo que puede durar hasta tres años más, las pérdidas definitivas para el sistema crediticio por la actividad crediticia pasada:
- Actividades inmobiliarias: 130.000 millones de euros.
- Préstamos hipotecarios: 10% de los 98.000 millones de riesgo de mora (9.800 millones de euros), lo que significa apenas un 1,5% sobre los créditos vivos.
- Sector de la construcción: 20% de los 67.000 millones en riesgo de mora (13.000 millones de euros), lo que significa un 8% sobre los créditos vivos.
- Sectores industrial y servicios: 30% de los 15.000 millones en riesgo de mora (4.500 millones de euros), lo que significa un 8% sobre la parte del crédito que se considera ligada a la construcción.
- Créditos a los hogares para consumo y otras finalidades: 50% de los 49.000 millones de euros concedidos (24.500 millones de euros).
- Total: 181.800 millones de euros.
Los gastos derivados del ajuste en el tamaño de todo el sector se transformarán en menores beneficios, que a lo largo de un periodo de cuatro años, hasta 2013, podrían suponer alrededor de 4.000 millones de euros anuales. Estaríamos hablando de unos gastos de 16.000 millones de euros en conjunto.
Finalmente, sería necesario tener en cuenta cómo va a afectar al resto de la economía productiva, diferente del conglomerado inmobiliario-construcción-industria y servicios ligados a la construcción y préstamos hipotecarios, la actual recesión. Sabemos que el total de créditos que tienen concedidos en la actualidad alcanzan los 810.000 millones de euros. Es imposible hacer un cálculo siquiera aproximado tanto de mora como de posibles pérdidas, pero de lo que no cabe duda es de que una recesión tan profunda como la que estamos sufriendo afectará a la mayoría de los sectores productivos. No creo que sea exagerado pensar que las pérdidas podrían alcanzar el 15% del total del crédito vivo. Estaríamos hablando de 12.000 millones de euros.
La suma de todas esas posibles pérdidas se podrían situar en torno a los 210.000 millones de euros. Esas pérdidas se producirán a lo largo de varios años, posiblemente tres o cuatro, en el supuesto de que la economía española se estabilice en 2011, pero sin creación de empleo en todo ese periodo.
Las pérdidas no afectarían por igual a todas las entidades. Para empezar, los grandes bancos, el Santander y el BBVA, pueden sufrir en sus cuentas de resultados en España, pero su internacionalización y diversificación les permitiría compensar los malos resultados españoles. Lo mismo puede decirse de las dos grandes cajas, la Caixa y Caja Madrid, con mayor claridad en el caso de la caja catalana que en el de la madrileña.
En el resto del sistema hay bancos y cajas medianas y pequeñas más rentables y mejor gestionadas que algunos de los cuatro grandes, pero en conjunto, lógicamente, ese grupo de entidades es el que más va a sufrir. Y mucho más las cajas de ahorro, que son 45 en la actualidad, que los bancos medianos y pequeños.
Las pérdidas no se distribuirán de una forma proporcional a la cartera de crédito de las distintas entidades. Habrá entidades que pierdan una cifra muy superior a sus fondos propios, como acaba de demostrarse por enésima vez, en el caso de la Caja de Castilla La Mancha. Sabemos por la experiencia de la larga crisis bancaria del 76 al 85 que hay instituciones que pueden perder la casi totalidad de su activo, lo que significaría, en el promedio, perder hasta 16 veces sus fondos propios. Eso quiere decir que incluso si las pérdidas de todo el sector crediticio fueran superiores a los 210.000 millones de euros, la mayoría de las entidades financieras tendría fondos propios positivos, seguirían siendo solventes y podrían atender la demanda de crédito de sus clientes y del conjunto de la economía española.
Esas son las pérdidas que tendrán que cubrirse con los fondos de garantía de depósitos, y con el FROB, para poder pagar a todos los depositantes e inversores en todo tipo de instrumentos de deuda emitidas por estas instituciones. Y para hacer frente a la pérdida de valor de los activos de las instituciones con problemas. Si, finalmente, las pérdidas fueran de 210.000 millones de euros estaríamos hablando del 21% del PIB español, una cifra que no desentona con las que se produjo como consecuencia de la crisis 1976-1985, que los autores más respetados han cifrado en el 14% del PIB español de esos años.
El informe Moody’s de octubre de 2009 sobre la situación del sistema crediticio español cifraba en 108.000 millones de euros las pérdidas estimadas para el conjunto de las entidades analizadas a finales de 2008, si bien en el texto del documento no se explicaba cómo alcanza esa cifra. En otro párrafo hace referencia a que en el caso de que la situación económica española se deteriorara todavía más, las pérdidas del sistema crediticio podrían alcanzar una cifra mucho más alta, 225.000 millones de euros. Pero, desgraciadamente, tampoco explica cómo ha llegado a esa conclusión.
El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, de noviembre de 2009, sólo entra en la cuantificación de las posibles pérdidas de los créditos para actividades inmobiliarias. Dice concretamente: "Podrían hacer frente a una pérdida en la cartera de promoción inmobiliaria de un 40%". Ese porcentaje se traduce en 100.000 millones o en los 130.000 millones de euros a que se ha hecho referencia anteriormente. El Informe no analiza las posibles pérdidas de los otros renglones significativos del crédito a los residentes españoles.
La cifra que Moody’s considera posible en el peor de los escenarios económicos posibles, 225.000 millones de euros, no es muy diferente de los 210.000 millones a los que se ha llegado en este análisis. Y si éste fuera el caso, la pregunta que cabe plantearse es qué capacidad tiene el sistema crediticio español para soportar ese tipo de pérdidas.
Para empezar, existen en la actualidad ya 57.153 millones de euros en provisiones genéricas y específicas, por lo que los fondos adicionales necesarios serían de 150.000 millones de euros aproximadamente.
El Banco de España, en su Informe de Estabilidad Financiera, sin entrar en el fondo de las pérdidas posibles de todo el sistema, hace una afirmación "Partiendo del margen de explotación (grosso modo, el beneficio antes de realizar provisiones) del año 2008, y suponiendo un descenso mecánico del 10% en los tres años siguientes, los márgenes de explotación acumulados en 2009, 2010 y 2011 permiten hacer frente a una pérdida en la cartera de promoción inmobiliaria de un 40%". Es decir, podrían alcanzar los 100.000 millones de euros. De esta forma indirecta aborda el problema de solvencia del sistema crediticio el Banco de España. ¿Es realista hacer esa proyección?
En 2008, los beneficios antes de impuestos más las provisiones genéricas y específicas constituidas en ese año, alcanzaron la enorme cifra de 39.996 millones de euros. Esa cifra es la que resulta de sumar los 20.398 millones de euros de beneficios antes de impuestos y los 19.598 millones de euros que el conjunto del sistema crediticio dedicó, de sus ingresos en el ejercicio, a dotaciones netas (3.405 millones de euros), pérdidas por deterioro de activos financieros (15.245 millones de euros) y pérdidas por deterioro del resto de activos (948 millones de euros).
El Informe de Estabilidad Financiera da por bueno que en 2009 el "margen de explotación" será del orden de los 35.997 millones de euros (10% menos que en 2008), de alrededor de 32.398 millones de euros en 2010 (10% menos que en 2009) y de 29.159 millones de euros en 2011 (10% menos que en 2010). En conjunto, por tanto, el sistema crediticio dispondría de 97.554 millones de euros adicionales para hacer frente a las pérdidas que pudieran aparecer, ya por deterioro de créditos para la actividad inmobiliaria, ya por el deterioro de cualquier otra partida.
Si el Banco de España tiene razón, y podría tenerla, al menos para 2009 la capacidad para generar resultados brutos del sistema crediticio ayudaría a resolver sus problemas de solvencia.
En efecto, la situación a finales de 2008 era la de un sistema crediticio con un patrimonio neto de 180.567 millones de euros y con dotaciones y provisiones de todo tipo por un total adicional de 61.859 millones de euros (Según el Informe de Estabilidad Financiera, una cifra que difiere de los 57.153 millones de euros que figuran en el Informe del Sistema crediticio cerrado el mes de agosto de 2009).
Si, efectivamente, las pérdidas totales que el sistema crediticio tuviera que soportar ascendieran al entorno de los 210.000 millones de euros, ese deterioro podría enfrentarse por las siguientes vías:
- Patrimonio neto a 31/12/2008: 180.567 millones de euros.
- Provisiones de todo tipo a 31/12/2008: 61.859 millones de euros.
- Pérdidas definitivas en 2009, 2010 y 2011: 210.000 millones de euros.
- Capacidad de generación de resultados brutos en 2009, 2010 y 2011: 97.554 millones de euros
- Patrimonio neto a 31/12/2011: 129.980 millones de euros (sin contar con el pago de impuestos, las contribuciones de las cajas de ahorro a su obra social y el pago de dividendos por parte de los bancos en esos tres años)
Si el patrimonio neto del sistema crediticio español fuera ése a finales de 2011, la conclusión es que habría sido capaz de superar los problemas de solvencia que ahora parecen amenazantes; con matices. Porque, en definitiva, contaría con 50.000 millones de euros menos en patrimonio neto, lo que constituye la base del denominado "core capital" del conjunto de las entidades crediticias. Y si se quiere mantener el mismo balance agregado que a finales de 2008, habría que lograr aportaciones al capital y a las reservas del sistema por, al menos, esa cantidad de 50.000 millones de euros. Mantener el balance significa mantener el total de créditos a la economía española al mismo nivel que en 2008. La situación podría ser algo más delicada si, finalmente, a nivel internacional se pactara reducir el apalancamiento de la banca; aunque la banca española está menos apalancada que la de la mayoría de los países.
Con el cálculo –no explicado– que hace Moody’s sobre las posibles pérdidas del sistema crediticio español, 225.000 millones de euros en el peor de los casos, las necesidades de capital y reservas adicionales del sistema crediticio español se incrementarían hasta los 65.000 millones de euros para mantener el mismo ratio de solvencia y apalancamiento globales de 2008.
Sin embargo, si el "margen de explotación", definido como lo hace el Banco de España, no decreciera al ritmo del 10% anual en 2010 y 2011, sino a ritmos del 20%, el sistema contaría con cerca de 10.000 millones de euros menos. Nada sustancial cambiaría. Pero la utilización del FROB sería más urgente.
De ahí la importancia de utilizar el FROB cuanto antes para afrontar esa posibles necesidades de capital. El Banco de España, como se ha indicado anteriormente, ha diseñado ese instrumento público con 9.000 millones de euros de capital y una posibilidad de apalancamiento de 10 veces, lo que significaría que se podrían utilizar hasta 100.000 millones de euros para hacer frente a los problemas de solvencia que podrían presentarse al sistema crediticio en los próximos años. Habría capital suficiente para compensar pérdidas y financiar la reordenación del conjunto de las cajas de ahorro.
La gran incógnita en este momento es la capacidad de supervivencia de las empresas españolas a un proceso de contracción del PIB que este año rondará el 4% y el próximo es posible que también sea negativo en más de un punto porcentual. Hasta ahora, sus capitales y reservas, la gestión de sus existencias y la reducción de sus plantillas, se han traducido en que el sistema no financiero y el no constructivo ha generado muy poca mora y muy pocas pérdidas para el sistema crediticio. Esta situación cambiará. Y cuando una industria o una empresa de servicios cierran, las pérdidas para los prestamistas son casi la totalidad del crédito concedido. En los apartados anteriores se ha hecho una valoración de en cuánto podría afectar al sistema crediticio la crisis económica de 2009, 2010 y 2011. Podríamos habernos excedido en esa cuantificación o habernos quedado cortos. Sólo el tiempo lo dirá.