Nacionalizar para competir

La pasada semana el. gobierno holandés decidió la nacionalización de su red de alta tensión, comprando la totalidad de las acciones de las sociedades propietarias de la compañía que poseía y gestionaba la red. Las razones han sido en parte coyunturales -la dificultad de competir de algunas compañías eléctricas, que tenían contratos a largo plazo, a precios más bajos que los actuales- y, sobre todo, de fondo: cómo garantizar la competencia entre compañías eléctricas que tienen que utilizar una única red de transmisión.

En cada momento histórico hay partes del sistema económico que son, por razones económicas, únicas, no duplicables, como es el caso actual de la red básica de carreteras, la de vías férreas, la red de alta tensión, los gaseoductos y oleoductos, incluso la de los principales puertos y aeropuertos. En el caso de las telecomunicaciones, la situación de la red de telefonía local propiedad de Telefónica, S.A (que el gobierno español decidió que debía abrirse a la competencia en 2001, mediante un complejo sistema), de cobre y, en parte, de fibra óptica, sigue siendo, todavía, única; y ésta era un monopolio natural. Pero, ahora, muchos edificios, los más rentables, por consumo, están empezando a ser conectados, localmente, por la red de otras compañías de telecomunicaciones; un desarrollo impensable hace diez o veinte años. Y es que muchos de los monopolios naturales no son eternos; los cambios tecnológicos pueden posibilitar la competencia en cualquier momento.

Durante mucho tiempo estas situaciones de monopolio natural no significaban ningún problema para las autoridades económicas nacionales. Lo habitual eran monopolios legales de determinadas empresas de naturaleza privada (Telefónica, Tabacalera, Campsa) o empresas públicas, propiedad directa del Estado (Renfe, Aena).

Pero, ahora, la teoría, y, la experiencia, imponen -en la medida de lo posible-, incluso en estos sectores, la competencia entre empresas, que es posible por causas tecnológicas, por la abundancia de capital y por la globalización. El gran problema que se plantea es cómo conseguir competencia en esas redes únicas, bien sea por regulación, por pura competencia, o por un sistema mixto.

El gobierno español ha optado por que sean empresas privadas, que coticen en Bolsa y tengan entre sus accionistas a los principales operadores en esos mercados y al propio Estado (a través de la SEPI), aunque sea temporalmente. Es el papel de Red Eléctrica de España para la red de alta tensión, de CLH para la gestión de oleoductos y de Enagás -que deberá segregarse y separarse de Gas Natural- para los gaseoductos.

En el caso de la red de alta tensión de España -nacionalizada en tiempos de UCD, siendo Fuentes Quintana ministro de economía- la empresa Red Eléctrica de España, participada por las cuatro compañías eléctricas de ámbito nacional, es la dueña de la red, y se obliga a garantizar la competencia. Pero tiene una parte significativa de su capital en Bolsa y la SEPI conserva un porcentaje significativo. Y, hasta ahora, funciona correctamente, a pesar de que sus socios eléctricos son competidores.

La decisión del gobierno holandés es una buena muestra de que, cuando, aunque sea temporalmente -un espacio de tiempo que puede extenderse por décadas- exista un monopolio natural, las soluciones pueden ser diferentes. Los defensores del libre mercado no tienen porqué rasgarse las vestiduras por esta nacionalización, porque la sola existencia de la concesión, por ley, a una empresa privada, no asegura mejor la competencia que la solución nacionalizadora.

Sin embargo, la lección de muchos años de intervencionismo público y monopolios y poco mercado es que cualquier situación monopolista debe regularse con precisión y transparencia, para evitar que sufra todo el entramado económico nacional. En el pasado, y quizá también en el presente, las situaciones en las que el monopolio natural era inevitable, manejado por empresas públicas nacionales, se ha traducido en que las correspondientes empresas hayan carecido de presión para lograr una mayor eficiencia; como atestiguan, en España, Renfe y Aena.

La mejor solución, en mi opinión, pasa, en cualquier caso, por la Bolsa, donde, con independencia de que el socio de referencia sea el Estado -la SEPI en el caso español- o un conjunto de empresas privadas, existe un continuo escrutinio de los inversores y la obligación de informar a las sociedades reguladoras -nuestra CNMV y el Tribunal de Defensa de la Competencia- de cualquier cambio en el mercado, o en la propia empresa, que pudiera tener repercusiones económicas significativas, tanto para los accionistas como para la propia economía nacional.