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Columna publicada el 07-10-2003
Los acuerdos del Pacto de Toledo no suponen ningún avance en la resolución de los problemas del sistema de reparto de las pensiones pero, al menos, no se han tomado medidas negativas para los trabajadores. Me refiero a las propuestas para alargar obligatoriamente la edad de jubilación, que tienen una lógica en Italia, donde hombres y mujeres tienen derecho a retirarse mucho antes de cumplir los sesenta años, pero no la tiene en España, aunque la edad promedio de jubilación sean sólo los 62 años y medio.
La única propuesta sensata, desde mi punto de vista, sería permitir que cada persona se jubilara cuando quisiera, una vez cumplidos unos mínimos de tiempo y de cotizaciones sociales. Y permitir, también, que cada persona pueda elegir cuánto cotiza, de tal forma que, a su jubilación, tenga una pensión acorde con su esfuerzo de ahorro a lo largo de toda su vida laboral. Eso habría exigido, ya en estos acuerdos, reconocer que las pensiones tienen que calcularse de acuerdo con lo cotizado en toda la vida laboral y no sólo en los últimos quince años.
Quizá lo más complejo es fijar mínimos, tanto de cotización, como de años trabajados, como de pensión, pues si se hace con demagogia, en lugar de con justicia, puede resultar, como es el caso actual de muchas personas, que cobran la misma pensión después de trabajar 45 años que los que han trabajado sólo quince. Es una lástima que los Pactos de Toledo estén sirviendo para anular el debate, en lugar de para despolitizar el tratamiento de las pensiones.

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