Las previsiones de inflación para 2001 tienen una enorme significación y por eso el gobierno, sin razones aparentes, se aferra a una cifra irreal del 2 por ciento, que ni explica ni discute, esperando que el tiempo, los meses que restan para terminar el año 2000, le ayude en su pronóstico.
Las razones de fondo de esa postura son, en parte, teóricas, porque no acepta que los precios sean una consecuencia de la política monetaria del BCE, y en parte, prácticas, porque el aumento de precios de la energía y la negociación salarial en base a previsiones más realistas, podrían acelerar el crecimiento de la espiral precios-salarios.
En agosto, la inflación interanual repitió el 3,6 por ciento de julio. La mayoría de las predicciones apuntan a que en estos meses, hasta finales de año, el IPC se va a moderar, hasta alcanzar, o rebajar, el 3 por ciento. Mi opinión, a comienzos de 2000, era que la inflación estaría situada, para el año, más cerca del 4 por ciento que del 3 por ciento, y, por ahora, mantengo esta postura, porque la inflación es un fenómeno monetario, que depende del nivel de los tipos de interés y del crecimiento del crédito bancario; y el anunciado descenso del crédito no termina de producirse. Y, por otra parte, la situación de la economía española, en muchos sectores y regiones, se acerca al pleno empleo, sin posibilidades, por rigideces estructurales, de que aumente la oferta de empleo a corto plazo.
La crisis del petróleo significa mayores tensiones en los precios, mayor inflación por tanto, aunque, en la medida en que se modere el crecimiento de la economía, como quizá esté ocurriendo, las alzas de precios y salarios serán menores.
El gobierno está apostando a que en diciembre la inflación habrá descendido por debajo del 3 por ciento, motivo por el que dilata una explicación lógica sobre las previsiones que aparecen en el cuadro macroeconómico, en el que se fundamentan los presupuestos generales del Estado para 2001.
El propio Gobierno utiliza tres indicadores de precios diferentes para 2001 en esos presupuestos. En primer lugar, el deflactor del PIB, para el que estima un crecimiento del 2,3 por ciento; en segundo lugar, el deflactor del gasto en consumo final de los hogares, para el que se pronostica una subida del 2,7 por ciento y, en tercer lugar, la cifra del 2 por ciento, que se utiliza para compensar la pérdida de valor adquisitivo de sueldos de funcionarios y de pensionistas y para deflactar la tarifa del IRPF.
La previsión no tiene consecuencia para los pensionistas, ya que sus ingresos están indexados, por ley, al IPC real y, en consecuencia, se ajustan, a final de año, a lo que realmente haya ocurrido. Caso radicalmente distinto del de los funcionarios, que perderían el diferencial con la inflación de 2000 y 2001
Si la inflación supera el 2 por ciento en 2000 y 2001 y la escala del IRPF no lo tiene en cuenta, se producirá un incremento de la presión fiscal directa, como dice el portavoz económico del PSOE.
La previsión de inflación es crucial, también, para los negociadores de los convenios colectivos que, en los últimos años, han aceptado las previsiones del Gobierno. Aunque la realidad se mueve por otros derroteros, porque los salarios están creciendo en la actualidad a más del 3,6 por ciento, porque en muchos sectores y autonomías la situación, como he señalado anteriormente, es de pleno empleo.
Por otra parte, en estos momentos se está negociando una reforma laboral y el gobierno puede tener la tentación de aceptar moderación salarial para 2001, a cambio de no introducir cambios significativos en el mercado de trabajo. También para lograr este propósito el gobierno necesita, a puros efectos de negociación, mantener que la inflación será de sólo el 2 por ciento para 2001.
Lo que ocurra con el IPC en los próximos cuatro meses tendrá, por tanto, efectos importantes en el presupuesto, los salarios, el IRPF y la reforma laboral. Por eso el gobierno está pactando con agricultores, pescadores y transportistas concesiones fiscales en IVA, cuotas de seguridad social, impuesto de sociedades, desgravaciones fiscales y amortizaciones, distorsionando y subvencionando la estructura fiscal de estos sectores en relación con los del resto de la economía. Una larga colección de arbitrismos, con el fin de evitar que el aumento de precios de los carburantes se traslade, con rapidez, al resto de la economía.
Un activismo intervencionista inútil a medio plazo. Las subidas de precios, el aumento de la inflación, es una consecuencia de los bajos tipos de interés del euro, del aumento del crédito bancario, del alza del precio del petróleo y de las rigideces de nuestra economía, que no incentivan el trabajo de mujeres casadas, desempleados de larga duración y residentes en regiones como Andalucía y Extremadura ni mejoran suficientemente la preparación de nuestra mano de obra, ni actúa, selectivamente, atrayendo los inmigrantes que necesitamos.
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