De las noticias económicas de los tres primeros meses del año, la más importante es que el Instituto Nacional de Estadística ha vuelto a modificar la cifra de población residente en España, así como el número de trabajadores ocupados y el de parados. El propio INE se acongoja al anunciar que ya somos 44 millones de habitantes, que no trabajamos 17,3 millones de personas sino 18,3 millones, en el primer trimestre de 2005 y que la tasa de actividad (el porcentaje de los que están dispuestos a trabajar mayores de 16 años) es de casi el 57%, lo que nos sigue acercando a los promedios europeos.
Por supuesto, el gran cambio es la inmigración. Dice el INE que en los últimos años en lugar de 200.000 inmigrantes anuales estamos recibiendo 600.000; y, sorprendentemente, se sorprende. La inmigración se concentra en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Aunque quizá un solo dato explica mejor que el resto lo que está ocurriendo en España; en 1996 la población inmigrante era el 1,4% del total. Según el INE, hoy son el 7%; y probablemente se quedan cortos. En autonomías como Madrid la población inmigrante alcanza el 12% del total; muy por encima del 9% de Cataluña, que lleva años soportando declaraciones nacionalistas del anterior presidente Pujol llorando por la pérdida de identidad cultural que esas cifras significan.
Aunque sin ser nacionalista, lo que queda claro es que en España no hay fronteras, que las infraestructuras de todo orden de las autonomías que reciben más inmigrantes están desbordadas y que los servicios públicos, como la sanidad, no deberían ser capaces de atender las necesidades de los que están y de los que están llegando. Lo más descorazonador es que un aumento de la población de este orden no ha provocado ningún cambio en la estructura del gasto público, tanto en lo que se refiere a la distribución entre estado, autonomías y ayuntamientos, como en directivas específicas para los gastos más ligados a la inmigración. Todo sigue igual. Con el gobierno del PP y con el del PSOE. Y si es duro el tema sanitario, el educativo es dramático, por sus consecuencias en la productividad de la economía española a largo plazo. Por cierto, Miguel Sebastián, el asesor personal del presidente del gobierno, ha desaparecido. Probablemente para no tener que explicar la caída estadística que significan los datos que comentamos sobre la productividad de la economía española. Pues, según el INE, la población ocupada es superior en un 4,2% a lo que se pensaba y el PIB sólo ha crecido en un 2,7% en 2004 y mientras no se revisen las cifras de aumento del PIB de los últimos cinco años, la conclusión es que la productividad de la economía española, estadísticamente, ha aumentado en 0,8% anual menos, lo que convierte en negativa la cifra del ya escaso crecimiento (0,6% anual) que teníamos. Y, recuerden, lo único, casi, de lo que hablaba el PSOE en su programa económico electoral –que por cierto hicieron desaparecer de la red inmediatamente después de ganar las elecciones– era de que su gobierno aumentaría, precisamente, la productividad.
