La sorprendente propuesta de Jordi Sevilla, responsable económico del equipo de Rodríguez Zapatero, de implantar un tipo único para el IRPF, eliminando todo tipo de deducciones, pero con una cantidad fija exenta para todos los contribuyentes, ha conseguido que se hable del PSOE y que el gobierno se ponga nervioso. La propuesta es atractiva y factible. Pero difícil de implantar, sobre todo por un PSOE en el que la vieja guardia de socialistas históricos sigue teniendo un peso considerable.
La propuesta es atractiva porque hace tiempo que el IRPF ha dejado de ser un instrumento de recaudación y redistribución de la renta. De hecho nunca lo fue. El IRPF es hoy un impuesto sobre las nóminas, porque, incluso legalmente, las plusvalías y una parte considerable de los rendimientos del capital pagan mucho menos que la escala general sobre la renta y porque los ingresos profesionales y los alquileres se reciben a través de la realización de actividades que pagan, en su caso, el 130% o el 135% del impuesto de sociedades, previa deducción de gastos y amortizaciones.
Incluso los impuestos sobre el patrimonio y sucesiones, teóricamente los más progresistas y redistributivos, tienen un escape legal que llega a la casi total exención, siempre que los patrimonios se detenten y se hereden a través de empresas familiares. Con independencia de que hay comunidades autónomas donde no se pagan sucesiones o donde es más sencillo cumplir los requisitos para tener la categoría de empresa familiar.
En las memorias oficiales sobre ingresos fiscales por IRPF consta que el 90% de lo que se recauda proviene de rentas salariales o profesionales y que la suma de intereses, alquileres, dividendos y otras rentas apenas llega al 10%. Por otra parte, a partir de cierto nivel de renta salarial es posible, y conveniente, facturar a través de sociedades con un tipo más reducido. Por supuesto que en la medida en que esas empresas distribuyan sus resultados, y en que tengan dados de alta a sus empleados, se pagará el IRPF, pero el filtro de la forma societaria permite escalonar los pagos fiscales disminuyendo sustancialmente los pagos totales.
Los ingresos totales por IRPF, teniendo en cuenta tanto la recaudación del Estado como lo que ingresan las autonomías, debe estar en la actualidad en torno a los 6 billones de pesetas. Pero la suma de las deducciones por diversos conceptos, por compra de viviendas, aportaciones a planes de pensiones y mínimo vital exento, como más significativos, suman cerca de 3 billones de pesetas. Es lo que se denomina gasto fiscal.
En conjunto, por tanto, el actual IRPF, sin deducciones, podría ingresar en torno a los 9 billones de pesetas, el 9% del PIB. Por eso es factible la propuesta del PSOE de tipo único reducido, sin deducciones, pero con una exención mínima personal general. Un elemental ejercicio numérico ayudará a comprobarlo. El PIB español en 2000 fue de aproximadamente, 100 billones de pesetas; toda esa cantidad es, al final del proceso, rentas de los ciudadanos españoles.
En España hay alrededor de 14 millones de trabajadores, profesionales y empresarios, 7 millones de pensionistas y un número indeterminado de personas –número en cualquier caso reducido– que viven de lo que obtienen por alquileres, dividendos e intereses, aunque en la mayoría de los casos reciben, además, rentas del trabajo o pensiones; por lo que podemos suponer que están entre los 14 millones de trabajadores o los 7 millones de pensionistas.
Por tanto, el total de personas que tendrían que hacer declaración de IRPF tiene un máximo potencial absoluto de 21 millones de personas. Los ingresos medios de este colectivo los obtenemos dividiendo el total del PIB –los 100 billones de pesetas– entre ellos, con lo que obtenemos unos ingresos medios de 5 millones de pesetas.
Si suponemos unos ingresos mínimos personales –lo que no es cierto en el caso de la mayoría de los pensionistas– de 1,5 millones de pesetas, y esa cantidad la declaramos exenta, tendríamos un total de 31,5 billones de pesetas exentos del pago de renta (21 millones de personas por 1,5 millones de pesetas). El resto -69,5 billones- sería la cantidad sobre la que podría aplicarse un tipo del IRPF único, sin ninguna otra excepción. Resulta que si aplicamos un tipo del 8,5% se podrían lograr alrededor de los 6 billones de pesetas que recauda efectivamente el actual IRPF. Pero como de los 100 billones de pesetas sólo el 50% son rentas salariales, mientras que los otros 50 billones son rentas de empresarios, dividendos, intereses y alquileres, y sólo contribuyen con 600.000 millones de la recaudación total del IRPF, resulta que para lograr un ingreso de 5,4 billones de pesetas adicionales es necesario que el IRPF sea más elevado.
El cuánto se puede calcular también. Si aceptamos que los ingresos fiscales que pueden obtenerse de los 7 millones de pensionistas serían despreciables con una exención de 1,5 millones, porque la mayoría cobra menos de esa cantidad, y que los 14 millones de trabajadores tienen como mínimo un salario anual de 1,5 millones de pesetas, que se declaran exentas, entonces resulta que, de los 50 billones de rentas salariales están exentas en total 21 billones de pesetas (14 millones de trabajadores por 1,5 millones de pesetas). El resto gravable es de 29 billones de pesetas. Para lograr de esos 29 billones unos ingresos fiscales de 5,4 billones de pesetas (6 billones menos 600.00 millones que aportan intereses, dividendos, ingresos empresariales y alquileres), hace falta que el tipo impositivo sea del 19%.
Introdúzcanse ahora las correcciones que se quieran, los ingresos reales de los pensionistas, los trabajadores que no llegan a los 1,5 millones de pesetas de ingresos y, al mismo tiempo, y en sentido contrario, la enorme cantidad de personas que tributan por el impuesto de sociedades al 35%, con gastos y que, voluntariamente, pasarían a reconocer que sus ingresos son salariales y podríamos seguir sosteniendo que con un tipo único de IRPF reducido es perfectamente posible recaudar lo mismo que en la actualidad. Por otra parte, si el tipo pudiera fijarse alrededor del 19%, no habría penalización para las rentas del capital y las plusvalías y no se desincentivaría el ahorro.
Por supuesto que este ejercicio teórico está repleto de defectos y no tiene en cuenta factores dinámicos, estadísticos e históricos que afectan a la recaudación, pero espero que sirva para llamar la atención sobre el enorme peso fiscal que soportan los que pagan el impuesto, la impotencia del impuesto para controlar otras rentas de la población y el nivel de fraude o elusión fiscal que ponen en marcha tipos marginales como los actuales o los que ha previsto el actual gobierno (46%) en su anunciada reforma fiscal de 2002, aunque en combinación con el impuesto sobre el patrimonio puede alcanzar el 80% de la renta.
La implantación de un tipo único sería posible sólo a medio plazo, pues es absurdo pretender de la noche a la mañana eliminar las deducciones por compra de vivienda o afectar al ahorro para la jubilación que suponen los planes de pensiones. Pero, por otra parte, imagínese la facilidad recaudatoria y la eliminación del incentivo al fraude y la elusión que supone un tipo único reducido de IRPF.
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