y 5. La herencia de la corrupción

El presidente Duhalde, una sustancial mayoría de los gobernadores peronistas, el ex-presidente Alfonsín –el apoyo en la sombra de las peores decisiones de Duhalde–, la mayoría de congresistas y senadores de ambos partidos, además de los del Frepaso y un considerable número de los principales jueces –nombrados por criterios políticos– los sindicatos, felices herederos de un sistema fascista–, además de Menem –por su corrupción–, De la Rúa –por incompetente– y Cavallo –por la misma incompetencia teñida de soberbia– y Remes Lenicov, que ha tardado cinco meses en darse cuenta de que sus absurdas decisiones –excesivamente ortodoxas, sin embargo, para el peronismo– no contaban con el apoyo de la oligarquía política argentina, son culpables.

Son culpables de transformar una profundísima crisis económica en la voladura descontrolada de todo el aparato productivo del país. Son culpables porque, por encima de lo anterior, no sienten ninguna urgencia por proponer ninguna medida, en un sentido u otro, con un criterio político u otro, que implique una postura comprometida frente a la población argentina. Prefieren la inacción, prefieren esperar, no están dispuestos a que nadie les pueda acusar de nada. Ellos saben que, aunque todo se hunda, siempre estarán mejor que sus conciudadanos porque, si corrieran algún riesgo personal, político o económico, siempre podrán aprobar alguna disposición legal que les proteja y remunere; y saben que, en esta tesitura, van a contar con el apoyo del resto de los miembros de la oligarquía.

Esto no es un exabrupto; no soy argentino. Si lo fuera sería imposible no completar los párrafos anteriores con insultos y descalificaciones mucho más contundentes. Pero es indignante, desde fuera, tener que analizar cómo se dejan de tomar medidas necesarias para enderezar la situación. Sólo se aprueban las cargadas de populismo, las que afectan negativamente, en primera instancia, a un grupo determinado, sin poder político en estos momentos, aunque, al final, toda la población resultará perjudicada; como ha ocurrido con los accionistas del sector financiero.

La herencia de De la Rúa y Cavallo sigue siendo la indefinición sobre cuál es la moneda nacional, qué hacer con el tipo de cambio de la moneda nacional si no se dolariza, el levantamiento del corralito y el corralón, cómo reducir las transferencia del estado central a las provincias, cómo controlar el gasto público total y qué hacer con la deuda pública externa. La contribución de Duhalde y Remes Lenicov a esta herencia es considerable: la quiebra, por decreto, del sistema financiero, el control de precios de los bienes y servicios fundamentales –como la electricidad, la telefonía y los carburantes, con lo que será inevitable que los suministradores afectados dejen de funcionar a plazo fijo por quiebra o suspensión de pagos–, una nueva ley de quiebras que impide, en la práctica, la financiación y la inversión de todo tipo de empresas, porque ni los financiadores ni los inversores tienen protección legal y, por encima de todo, la ratificación de que Argentina no tiene un problema económico sino uno de orden político: una clase de depredadores que no están dispuestos a soltar la presa y que prefieren repartirse los despojos a permitir una mínima prosperidad si ello conlleva el riesgo de perder alguno de sus privilegios.

Hay que forzar, por todos los medios posibles, al gobierno argentino a tomar decisiones y a que reconozca la pérdida de valor de su moneda y la volatilización del ahorro de sus ciudadanos. El problema es político y, sólo, secundariamente, económico. La misión del FMI sobra, porque permite al gobierno argentino buscar excusa tras excusa.

Si, finalmente, se aborda el problema político, se resuelve y se adopta una política económica más o menos sensata, más o menos ortodoxa –algo que en estos momentos es irrelevante– habrá llegado el momento de pensar de qué forma pueden ayudar a Argentina las instituciones internacionales.

1. La moneda y el tipo de cambio

2. La eliminación del corralito

3. Gobierno central, provincias y gasto público

4. La deuda exterior y el FMI