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Alejandro A. Tagliavini

Campeones del Cabildeo

Cuando una empresa trabaja en un mercado libre, no tiene otra alternativa que ganarse el favor del consumidor, porque depende de que la gente quiera comprar sus productos y servicios. Pero si se trata de un mercado interferido por la coacción estatal, donde el gobierno se siente con autoridad para sustituir al mercado, entonces es mejor negocio para los empresarios hacerse amigo del funcionario y cabildear. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, trabajar duramente en mejorar la calidad de un producto y bajar los costos, con la inversión de tiempo, esfuerzo, dinero y riesgos que todo eso conlleva, si se puede más bien convencer al funcionario para que conceda un privilegio especial o un monopolio? 
 
Ahora, imagínese que los gobiernos de dos países se juntan para hablar de negocios. ¿De qué hablan? ¿De cómo liberar el mercado? Para eso no necesitan hablar, basta con que cada uno libere su respectivo territorio. Si negocian es porque están considerando la alternativa de interferir y manipular el mercado de manera coactiva. Así, al mejor estilo imperial, el canciller francés, Dominique Villepin, de gira por Chile, Brasil y México, fue recibido en Buenos Aires al estilo de república bananera. Con anterioridad, la prensa local titulaba: "Debaten con Francia por las (empresas) privatizadas. Villepin se referirá a la situación de Aguas Argentinas, Edenor y Thales Spectrum; el Gobierno asegura que ya preparó una respuesta".
 
Sucede que estas son empresas francesas que están siendo cuestionadas por el gobierno argentino. De hecho, a Thales Spectrum se le rescindió el contrato que tenía para controlar el espacio radioeléctrico, control que ahora quedará en manos monopolios estatales.  Insólitamente, cuando todos esperaban las duras críticas por el maltrato a las empresas galas: "El canciller de Francia apoyará a la Argentina en las reuniones del FMI en marzo, informó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández", y para rematar la sorpresa: "Fernández dijo que Villepin aseguró que 'no se habló en particular de la situación de ninguna empresa francesa'", reportó la prensa. Eso sí: "En el Gobierno prefirieron mantener en reserva los detalles del encuentro Kirchner-Villepin". 
 
Todos estos negociados, por cierto, tienen un alto costo para los ciudadanos. Muchas de esas empresas gozan de irritantes privilegios, como monopolios y tarifas políticamente manejadas por el gobierno. En cuanto al apoyo ante el FMI, la cuestión es igualmente grave. El Estado argentino alcanzó un acuerdo con el organismo multilateral para postergar por tres años vencimientos de deuda por 12.300 millones de dólares. Ese acuerdo está supeditado al cumplimiento de una serie de metas, que se verificarán en la reunión de marzo, entre las que ahora figura la exigencia de EEUU de que se negocie con los acreedores privados. Sucede que el gobierno argentino solamente le paga al FMI; con los acreedores privados no ha negociado y les ha ofrecido pagar apenas 25 centavos por cada dólar que les debe, sin reconocer los intereses.  Es interesante revisar los números de esta relación con el FMI, que Francia apoya tan decididamente.

Desde la cesación de pagos en diciembre de 2001, Argentina pagó al FMI 2.000 millones de dólares en intereses y 1.000 millones de dólares por vencimientos de capital. Sin embargo, la deuda aumentó en 1.520 millones de dólares solamente por la revaluación del euro, ya que los préstamos con el FMI se realizan en Derechos Especiales de Giro (DEG), que se componen de una canasta de monedas que incluye al dólar, el euro y el yen. A fines de 2001, el DEG valía 1,26 dólares y hoy vale 1,487 dólares. A fines de 2001, el Estado argentino le adeudaba al FMI 11.121 DEG que, a 1,26 dólares, totalizaba 14.010 millones. Dos años más tarde, esa misma deuda alcanza 10.446 DEG que a 1,487 dólares, totaliza 15.530 millones de dólares. Todo esto, por cierto, lo pagan vía impuestos los ciudadanos argentinos que nada tuvieron que ver con el endeudamiento ni se beneficiaron para nada de ello.

© AIPE

Alejandro A. Tagliavini, miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).

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