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Alejandro A. Tagliavini

El estatismo se consolida

Quizás sea verdad que en Latinoamérica ''queremos ser pobres'', como escribió Mario Vargas Llosa a raíz de que en Arequipa, su ciudad natal, declararan una huelga hace algunos meses, destruyeran la propiedad ajena y se enfrentaran a la policía, ocasionando dos muertes, hasta conseguir la suspensión de las privatizaciones.

Es decir que por aquí todavía creemos que con violencia se resuelven los problemas que, sin dudas, se originan en una abusiva política coactiva (léase estatista), es decir, violenta, por parte del estado. Ya debiéramos saber que la violencia es contraria a la naturaleza de las cosas, al orden natural y, por tanto, es siempre ineficiente.

Mientras en Cuba aumenta la ya proverbial represión y la democratización da marcha atrás en países como Venezuela, en el orden económico se produce un renacimiento del estatismo como consecuencia del fracaso de ciertas reformas de apertura y privatización en una Latinoamérica que nunca dejó de ser estatista, más allá de unos débiles intentos de liberalización durante la década de los 90.

Sucede que las privatizaciones en Latinoamérica lo que realmente perseguían –con la excepción de Chile– no era la transferencia de empresas del estado al sector privado, algo que se hace para sanearlas, modernizarlas, obligarlas a competir y prestar mejores servicios, sino que más bien se hacen para convertir monopolios públicos en monopolios privados, favoreciendo así a determinadas personas y grupos económicos amigos de los gobernantes.

Standard & Poor’s (S&P) bajó su calificación crediticia de Paraguay. Con el exagerado peso del estado, con un déficit fiscal estimado en 120 millones de dólares, o sea el 3% del PIB para 2003, el deterioro económico es serio y el FMI propone políticas aún más estatistas, para ayudar al desesperado estatismo a encontrar fondos antes que desaparecer.

S&P también bajó su calificación crediticia del Uruguay. El enorme tamaño del estado uruguayo ha significado un endeudamiento hasta llegar al 100% del PIB. Antes de encarar una seria disminución del estatismo, Uruguay prefiere seguir viviendo de prestado y para eso cerró otro acuerdo con el FMI.

En Brasil, para frenar la inflación que alcanzaría 27% anual, Lula aumentó la tasa de interés y recibió críticas de los industriales, sindicatos y casi todas las fuerzas políticas. Irónicamente, el partido de Lula (PT) ganó las elecciones condenando las tasas de interés altas. Farías, del PT, dijo que durante la campaña se había prometido bajar los intereses para generar más empleos, y que las medidas tomadas van a frenar el desarrollo porque los brasileños están perdiendo el acceso al crédito y la producción industrial decae.

En Argentina se generó una brutal caída del salario real y se rompió con el Estado de Derecho, confiscando los depósitos de los ahorristas. Mientras que el sector público emplea a 1 de cada 5 argentinos, resulta que también paga salarios más altos que el sector privado. Ahora, sólo el 5% de estos ocupados pertenece a hogares del 20% más pobre, pero el quintil más alto de ingreso percibe 57% del total de la masa salarial. Es decir que el empleo público no es el refugio de los pobres, sino de los ricos y amigos del poder. El gasto total se incrementó en 360 millones, sucede que aumentaron los ingresos tributarios en 5.073 millones de pesos lo que, en un país con un sector privado altamente expoliado, es una verdadera desgracia porque hay entonces menos recursos para invertir. Una de las consecuencias del estatismo empobrecedor es que en la capital los delitos aumentaron 505% desde el año 2000, y ahora hay un secuestro cada 36 horas. Buenos Aires puede alcanzar a Sao Paulo, considerada la capital internacional del secuestro y esa violencia delictiva es excelente excusa para aumentar el poder de represión estatal.

La excepción es Chile. Gracias a una economía más abierta, las exportaciones crecieron 10,6% durante enero. En diciembre de 2002, el PIB chileno creció 4,6% con respecto a diciembre 2001.

Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).

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