En la capital paraguaya, al cuarteto fundador del Mercosur –Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– se sumaron los jefes de Estado de Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador en la cumbre presidencial número 28. Las amenazas de Paraguay de retirarse del Mercosur parecen haber sido una jugada política para obtener mayores prebendas. En cualquier caso, este “bloque” parece más un cuadrilátero de boxeo que una asociación de libre comercio.
Por ejemplo, los poderosos empresarios de Sao Paulo, Brasil, aseguran que el Mercosur, en especial Argentina, constituye un freno para el ALCA y la apertura del mercado de la Unión Europea. "El Mercosur incorporó muchas restricciones de sectores industriales colocadas por Argentina", dijo un director de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo.
En la cumbre se instituyó el Fondo Estructural. Serán 100 millones de dólares a partir de 2006 y deberán alcanzar 1.000 millones para el año 2015. Brasil asume el 70%, Argentina 27% y Uruguay y Paraguay 3% entre los dos. El dinero será destinado con preferencia a proyectos uruguayos y paraguayos. Esta mayor presencia del gasto estatal es, para la cancillería argentina, “la decisión más importante de este encuentro”. Ya se ve la vocación de libre mercado que los inspira.
Paralelamente, en lugar de desregular el mercado energético de manera que pueda ser abastecido eficientemente por el sector privado, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y, eventualmente, Bolivia, decidieron impulsar el “anillo energético” para la región. Pretenden así solucionar la provisión de gas, inestable a partir de la crisis en Bolivia. Una comisión formada en Perú se encargará de estudiar la factibilidad del proyecto, bautizado como Camisea I y II, que intenta llevar gas desde Perú a Chile y de allí a Argentina, Brasil y Uruguay. Las reservas cubrirían la demanda interna peruana, los compromisos firmados con México y EEUU, más el nuevo requerimiento de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, unos 35 millones de metros cúbicos diarios, por un plazo de diez años. El coste del gasoducto, cerca de 2.500 millones de dólares, sería financiado por el BID.
Por otra parte, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se comprometieron a adoptar un protocolo sobre derechos humanos basado en la Cláusula Democrática del Mercosur: cualquiera de los países que registre "violencia masiva y sistemática" será suspendido. Será por eso que Venezuela se propuso completar los requisitos para ingresar en el Mercosur como miembro pleno. "Se trata de la firma del Protocolo de Ushuaia, de 1998 y de la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el Mercosur", dijo la cancillería venezolana.
Se trata de la misma Venezuela, cuyo presidente impone una nueva modificación al Código Penal que según la oposición es una "norma que apoya la persecución política contra la disidencia". La ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, opinó que los 64 artículos que el chavismo pretende introducir en el Código "buscan criminalizar la acción de la oposición". Una reforma anterior penalizó las ofensas públicas o privadas al presidente, el uso de cacerolas contra funcionarios públicos y la difusión de informaciones que "provoquen alarma en la población", y fue criticada duramente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras. Entretanto, se realizaron cientos de denuncias por delitos de lesa humanidad realizados por cuerpos policiales al mando de Chávez. “De los 1.500 casos denunciados de ajusticiamiento, la Fiscalía investiga casi 500, sin que se haya pronunciado al respecto hasta el momento", informa el diario El Universal de Caracas.
