Es lamentable tener que escribir una columna como esta, pero la inmoralidad es tan grande que resulta imposible no denunciarla. Sucede que para el gobierno argentino el robo ya se ha convertido en una costumbre que justifica con los argumentos más inverosímiles.
El Estado argentino ha gastado, desde hace décadas, de manera excesiva y completamente injustificada: corrupción, miles de empleados públicos inútiles, obras faraónicas sin sentido, planes asistenciales que terminan en las manos de los amigos de los funcionarios, etc.
Para pagar todos esos gastos, los políticos se han endeudado muy por encima de lo razonable. Y para pagar las deudas, lisa y llanamente se dedican a robar porque, de otro modo, deberían hacer lo que cualquier deudor honesto, esto es, vender propiedades. Propiedades que el Estado tiene en proporciones astronómicas: piense solamente en todo el subsuelo de un extenso país exportador de petróleo. Pero claro, resulta que estas propiedades, supuesta riqueza nacional, en realidad, son coto exclusivo de los políticos: fastuosas residencias, lujosísimos aviones y helicópteros, enormes empresas cuyos jefes son amigos si no parientes, etc.
Claro que las deudas que quieren pagar son principalmente las deudas con el FMI. Así es como el FMI, a estos robos calificados, los llama "operaciones para normalizar el sistema financiero".
Ya el hacedor del actual presidente Kirchner, el anterior presidente Duhalde, cometió el robo más grande registrado en la historia argentina al confiscar, con la ayuda de la banca, los depósitos de los ahorristas. Irónicamente, esta alevosa violación del derecho natural de propiedad (el resultado del trabajo), se hizo para pagar las deudas estatales y para "normalizar" el sistema financiero. Pero, como sobre la inmoralidad nada bueno se puede construir, lo cierto es que, casi dos años después, el sistema financiero sigue sin existir, más allá de los bancos que no son más que cajas recaudadoras que prácticamente no otorgan créditos.
Algunas instituciones bancarias presentaron sus balances del segundo trimestre de 2003, con un rojo de más de 170 millones de pesos. Se trata del Banco Galicia, BBVA Banco Francés y Banco Río. En lo que va del año, los depósitos crecieron 14%, y el poco crédito aún se contrajo 10%. Sucede que los bancos pagaron más de 20% anual para captar depósitos sin disponer de instrumentos (créditos) donde colocar esos fondos, lo cual les mejoró la liquidez, pero perjudicó la rentabilidad.
Pero al robo de los ahorristas ahora se le suma otro de magnitud menor, pero comparable. En este país, las personas están coactivamente forzadas por el Estado a hacer "aportes previsionales". Supuestamente, estos fondos que, en algunos casos son administrados por entidades privadas (AFJP), servirán para la jubilación. En 2001, el entonces ministro Domingo Cavallo "invitó" (al estilo que suele invitar el Estado: so pena de sufrir consecuencias peores) a las AFJP a que invirtieran parte de los fondos de sus afiliados en títulos públicos, es decir, les quitó dinero y a cambio les dio papeles de deuda de un Estado que se acercaba a la cesación de pagos.
Los ahorros capitalizados en las AFJP pertenecen a 9,3 millones de afiliados y suman 43.439 millones de pesos. El 74,46% de lo acumulado está en deuda pública, de esta deuda el 60,9%, que en su origen eran 13.000 millones de dólares, fue lo que Cavallo "invitó" a canjear por títulos públicos, en este caso, garantizados.
Cuando se declaró la moratoria, las AFJP devolvieron estos títulos del gobierno a la espera de que se les reintegraran los dólares, ya que tenían garantía. Pero ahora, una vez en efecto la cesación de pagos, el gobierno pretende devolverle los títulos, que no se están pagando, en lugar de los dólares originales. Insólitamente, el gobierno argumenta que las AFJP debieron aceptar, meses atrás, el ofrecimiento de "pesificación", el cambio de cada dólar original por 1,40 pesos, cuando el dólar vale 3 pesos. Pero la burla no termina aquí, el gobierno está pensando en “darle” a las AFJP más papeles de deuda por 1.300 millones de dólares durante 2004.
En fin, si usted estaba pensando en invertir en Argentina, píenselo dos veces, no por nada Standard & Poor's acaba de expresar que “este escenario... demuestra la alta inseguridad legal en que se encuentra operando el país”.
© AIPE
Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas) de Buenos Aires.
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