El caso Parmalat desembarcó en América Latina. La Justicia brasileña intervino la filial local, designó a tres especialistas para investigarlas, bloqueó la venta de bienes de la compañía y le prohibió transferir divisas al exterior. Dos sociedades del grupo, la firmas Carital y Winshaw, habrían recibido 750 millones de euros con destino a Ecuador, serían la puerta de entrada de "montañas de dinero" desviadas, según el ex contador de la Parmalat mundial, quién dijo que debe buscarse allí el "tesoro" del fundador de la empresa. El banco Sumitomo Mitsui concedió un crédito de 10 millones de dólares y la primera cuota no fue pagada. La deuda con los bancos locales asciende a 350 millones de dólares. La empresa no paga a sus proveedores, lo que paralizó las fábricas de galletitas y de jugo de naranja. Y les debe a sus productores de leche más de 800.000 dólares.
En Argentina, Parmalat funciona normalmente, emplea a 1.200 personas y es la cuarta industria láctea. Parmalat –el octavo grupo empresario de Italia– invirtió aquí 150 millones de dólares comprando marcas tradicionales y construyendo la planta donde procesa leche fluida y en polvo, que compra unos 200.000 litros diarios de leche a casi 200 productores. En cualquier caso, el interventor de Parmalat en Italia vendería sus 30 compañías extranjeras y retendría las italianas.
Tras los escándalos de Enron y WorldCom, la dirección de la Escuela de Negocios de Harvard envió una carta a sus alumnos afirmando que “un inquietante número de dirigentes empresariales antepusieron, aparentemente, sus propios motivos y ganancias a la integridad”. En su opinión, “los alumnos estaban muy preocupados porque los escándalos pudieran afectar a la confianza en la economía”. Y decidió incluir la ética entre sus asignaturas a partir de este mes.
Pero Harvard no es la única que exigirá conocimiento del tema para la graduación. La Universidad de Maryland obliga a los estudiantes a entrevistarse en las prisiones con los reclusos condenados por delitos de estafa. En la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, un curso enseña ética a lo largo de la carrera. También Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, requiere que sus estudiantes estudien ética.
Pero ¿solo los ejecutivos son culpables? Tenemos un dicho aquí, que se cumple inexorablemente: "Hecha la ley, hecha la trampa". La pregunta es, por qué existe esta tendencia a violar las leyes por parte de personas que, originalmente, no eran delincuentes ni el delito estaba entre sus planes iniciales.
La moral, la ética, son las reglas que el hombre debe seguir para adaptarse al orden natural, al orden en que se desarrolla la naturaleza en general y, en particular, la naturaleza humana y social, decía la escolástica. Ahora, según Santo Tomás, la violencia (la coerción, la coacción) viola el orden natural. Así, cuando un Estado impone a las corporaciones (o a cualquier persona) regulaciones a ser cumplidas coactivamente (contra la naturaleza humana) es comprensible que los individuos se sientan compelidos a contradecir estas leyes estatales. Por caso, ¿se puede condenar a un empresario por evadir impuestos cuando éstos son excesivos al punto que destruirían su empresa? Así es que, el primer paso para combatir el fraude, debería ser eliminar las regulaciones estatales que claramente violan el desarrollo natural de la sociedad e incentivan su violación.
Desde el caso Enron, las autoridades europeas aseguraban que esto no ocurriría en Europa, precisamente, dada la regulación legal y el control que existe sobre las Bolsas. La quiebra de Parmalat los desmintió. Son casi 10.000 millones de euros de activos inexistentes, balanceados con igual suma de recursos obtenidos con créditos bancarios, obligaciones y fondos propios perdidos por quienes creyeron en la empresa. Sin embargo, la Parmalat funcionaba normalmente hasta que se descubrieron estos actos ilegales.
La reacción del gobierno italiano ha sido contraria al mercado, tomando medidas para "evitar la desaparición de la empresa". Tanto que el comisario europeo de competencia recordó que no deben concederse a la empresa subvenciones o créditos públicos. La Comisión Europea tuvo una reacción similar: reforzará el control de las auditorías. Deberían aprender del caso Enron, que se superó relativamente bien, precisamente, porque el gobierno de EEUU fue menos intervencionista, confiando más en el mercado.
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Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas) de Buenos Aires.