Hace años que un amigo me repite que si queremos saber por dónde anda el Fondo Monetario Internacional sólo tenemos que leer la prensa y ver dónde hay caos económico y revueltas sociales. Hoy, encienda el televisor; irónicamente en La Paz, Bolivia está el show de la violencia y van más de 27 muertos.
Sucede que el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, se niega a reducir verdaderamente el peso del Estado y, por tanto, está urgido por obtener créditos con los cuales financiar su aventura estatista que demanda recursos que no tiene. Se trata de 4.000 millones de dólares para un plan estatal de "obras con empleo". La banca privada observa claramente el fracaso anticipado de su gestión y se niega a darle fondos. Entonces aparece el FMI, en negociaciones poco claras desde el punto de vista ético, tentando al presidente boliviano con préstamos totalmente contra natura, es decir, contra lo que el mercado le daría de forma espontánea y libre. Es que el FMI se puede dar el lujo de otorgar esos créditos porque ellos no obtienen los fondos del mercado natural, es decir, que no son fondos que voluntariamente le otorgan inversores privados, sino que salen de los impuestos que coactivamente (violentamente) los Estados miembros del FMI extraen de sus ciudadanos.
Esta verdadera violencia con que se maneja el FMI se traslada al gobierno local a quien exige, con la intención de poder recuperar los préstamos, rebajar drásticamente el déficit fiscal del 8,6% al 5% del PIB de 8.000 millones de dólares. Pero para eso no se propone la rebaja del gasto, que por el contrario se aumenta precisamente para justificar el préstamo del FMI, sino que se pretendía aumentar la presión impositiva, creando un nuevo impuesto que grava con el 12,5% el sueldo de 750.000 trabajadores dependientes. Además, otras dos iniciativas del gobierno consisten en subir el impuesto a las compañías petroleras y, finalmente, realizar una leve baja en los gastos en burocracia que, por cierto, no toca los grandes intereses creados alrededor del Estado.
El impuesto luego tuvo que ser revocado cuando se desató la violencia. Esa presión violenta sobre la ciudadanía provocó los estallidos sociales que causaron las muertes y los saqueos. Ciertamente estos conflictos fueron utilizados por la extrema izquierda, pero no es verdad, como se apresuró a justificar el gobierno boliviano, que la culpa del inicio de la violencia estuviera en la izquierda. El gobierno acusó directamente al opositor Movimiento al Socialismo (MAS), y particularmente al líder cocalero y diputado Evo Morales.
Definitivamente, no se puede menos que condenar la violencia de cualquiera de las partes involucradas, pero claramente quien ahora la introdujo en Bolivia fue el gobierno, al pretender cobrar más impuestos a una ciudadanía por demás expoliada por un Estado voraz, a instancias del FMI y sus teorías y prácticas compulsivas.
Cabe señalar el enorme daño intelectual, moral e ideológico que conlleva todo esto. Moral porque se hace en nombre de pretendidas buenas intenciones y supuestas ayudas más allá de lo "puramente comercial", a países con serios problemas sociales. El daño intelectual se debe a que lo llevan a cabo supuestos liberales, es decir, supuestos partidarios del mercado, como el actual presidente de Bolivia. Y el daño ideológico porque se hace desde Washington, supuesta capital mundial de la libertad.
¿Hasta cuando esta muy sufrida Latinoamérica tendrá que soportar la violencia del FMI?
Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas)
© AIPE
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