El jueves 29 de enero asistí a la presentación del último libro de Mikel Azurmendi, Todos somos nosotros. Se celebró en una sala del Círculo de Bellas Artes en presencia casi exclusiva de la prensa y estuvo a cargo del Director del Instituto Cervantes, Jon Juaristi.
Juaristi fue muy breve. Se limitó a centrar el tema del libro y a esbozar las tesis que, sobre la integración de los inmigrantes y sobre el multiculturalismo, sostiene el autor. Unas tesis que, según señaló, son compartidas por los analistas más contestados en estos momentos, como podría ser el caso, por ejemplo, de Giovanni Sartori.
Por su parte, Azurmendi habló mucho y dijo muchas cosas. Para empezar explicó que había escrito este libro como contestación al revuelo que levantó en el Senado aquella afirmación suya de que, en una sociedad democrática, la multiculturalidad actúa como la gangrena: “así lo dije y así lo sigo pensando, pero entendí que mi frase necesitaba una explicación y por eso me puse a la tarea de escribir estas páginas”.
También dijo el jueves Azurmendi que el relativismo es nefasto, que no todas las culturas son iguales, que la palabra “etnia” es un fracaso de la antropología británica y que el acomodo cultural propicia la injusticia y la desigualdad. Para explicar qué es eso del acomodo cultural puso como ejemplo la concesión que la Junta de Andalucía ha hecho recientemente a los padres musulmanes para que, con el fin de obtener un certificado de virginidad para sus hijas menores de 18 años, puedan exigir a un médico que practique a las niñas la necesaria exploración ginecológica.
Me dio la impresión de que tanto Azurmendi como Juaristi hubieran querido centrar el debate sobre el relativismo cultural, la multiculturalidad y la integración, pero algunos de los asistentes al acto se mostraron mucho más interesados en saber qué opinaba el autor de Todos somos nosotros sobre ciertos aspectos de la política del gobierno en materia de inmigración. Se le preguntó a Azurmendi, entre algunas otras cosas, por qué se llama ilegal al inmigrante sin papeles, por qué se empeña el gobierno en asociar delincuencia e inmigración y por qué no se regulariza la situación de los numerosos inmigrantes sin papeles que pululan por España. Azurmendi contestó a todas estas preguntas tras dejar claro que lo hacía a título personal y no como presidente del llamado Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (este Foro es un órgano de información y asesoramiento del gobierno que se constituyó en abril del año 2001 y en el que están representados los ayuntamientos, las asociaciones de inmigrantes, varias ONGs y los sindicatos mayoritarios).
A propósito de nuevas regularizaciones, Azurmendi se mostró partidario de dar “papeles” a quienes no los tienen, siempre y cuando estén trabajando. No sé si Azurmendi al decir esto ha tenido en cuenta que, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma de la ley de extranjería en el año 2000, se abrió un proceso extraordinario de regularización. Se exigía estar trabajando o tener una oferta firme de empleo y, según datos oficiales, se presentaron algo más de 600 000 solicitudes de las que, a lo largo de los dos últimos años, se han resuelto favorablemente alrededor de 480 000.
Si fuera cierto que, como allí se dijo, hay ahora más de 600 000 inmigrantes sin papeles, podríamos pensar que la regularización extraordinaria no sólo no ha servido para resolver el problema de la inmigración ilegal sino que ha tenido un “efecto llamada” que, por otra parte, era perfectamente predecible. Desgraciadamente, por razones variadas y complejas que precisarían un estudio y un análisis profundo que, a mi juicio, aún está por hacerse, la deseable libertad de movimiento y de residencia de los individuos es, en nuestro mundo, difícilmente realizable.
Ahora bien, si establecer un control racional a la entrada de inmigrantes es hoy necesario, si resulta relativamente sencillo entrar y permanecer en España sin papeles de forma ilegal y si, además, los inmigrantes sin papeles están tan protegidos por determinadas organizaciones “filantrópicas” como actualmente lo están, habrá que tener mucho cuidado con las medidas que se toman, no vaya a ser que favorezcan precisamente aquello que se quiere evitar: la inmigración ilegal.
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