Amnistía Internacional acaba de presentar un informe, “Mujeres invisibles, abusos impunes”, en el que denuncia la situación de especial vulnerabilidad en la que viven en España las mujeres inmigrantes indocumentadas.
En su informe Amnistía Internacional, por un lado ha hecho suyas ciertas quejas presentadas por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) sobre el comportamiento del gobierno español y, por otro, ha expresado su preocupación por las negativas consecuencias que, para las mujeres inmigrantes indocumentadas que se vean sometidas a malos tratos, puede tener el nuevo proyecto de ley de extranjería.
La CEDAW , en inglés, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, ha sido ratificada ya por 170 países (entre los que no se encuentran los Estados Unidos) y, en realidad, es considerada como la Carta Internacional de derechos de la mujer.
Los países que ratifican esta Convención están obligados a enviar un informe cada cuatro años para dar cuenta de los progresos que han realizado en la aplicación “de los derechos humanos de la mujer”. Un comité de 23 expertas (sólo mujeres), a la vista de los informes, se encarga de juzgar si el país correspondiente “progresa adecuadamente”.
Pues bien, cuando en 1999 la CEDAW recibió el último informe español, el comité evaluador expresó su preocupación por el aumento de la violencia de género en el hogar e hizo llegar al gobierno la siguiente observación:
“Preocupa al comité la situación de las mujeres que pueden estar viviendo clandestinamente en España y carecer de la suficiente protección contra la violencia y los abusos".
Amnistía Internacional denuncia en su reciente informe que el gobierno no sólo hizo caso omiso de las recomendaciones de la CEDAW sino que ahora proyecta sacar una nueva ley de extranjería que, a su juicio, agravaría la situación del “colectivo de mujeres inmigrantes indocumentadas maltratadas”.
Una de las modificaciones, previstas por la nueva ley, que más preocupan a Amnistía Internacional es la que hace referencia al llamado “reagrupamiento familiar”. Cuando un individuo reside legalmente en España puede traer a su mujer, o marido según el caso, al que se le concede un permiso de residencia que va ligado al de su cónyuge. La ley vigente resulta un tanto confusa en cuanto a las condiciones necesarias para que el “reagrupado” pueda conseguir un permiso independiente. El anteproyecto de ley pretende que esa independencia en el permiso de residencia se obtenga si, y sólo si, se tiene una autorización para trabajar.
Pues bien, lo que Amnistía Internacional denuncia es que las mujeres con permiso de residencia como reagrupadas, si no tienen un trabajo quedarán supeditadas a su marido y, por tanto, a merced de un posible maltratador. Por ello solicita que, en el caso de que una mujer inmigrante denuncie haber sido maltratada, se le conceda un permiso de residencia como independiente aunque no tenga empleo alguno.
Es muy respetable que Amnistía Internacional se preocupe por la situación “de especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes indocumentadas y maltratadas” y vele por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, ahora bien, ¿por qué a esta ONG internacional no se le ocurre pedir al gobierno español que expulse inmediatamente del país a cualquier hombre que haya llegado “reagrupado” por una mujer residente legal en España, cuando sea acusado por ésta de malos tratos?, ¿por qué Amnistía Internacional no hace referencia en su informe a la situación de desigualdad que, con respecto a los varones de su misma familia y con respecto a sus demás compañeras de clase, viven en las escuelas las niñas musulmanas obligadas por su padre a llevar cabeza y piernas bien tapadas?
Tengo la sensación de que este comité de expertas de CEDAW, que pasa sus informes a Amnistía Internacional y que vigila para que las “mujeres migrantes indocumentadas” no sean discriminadas, está mucho más preocupado por descubrir fallos en el comportamiento de los gobiernos de países que acogen inmigrantes, donde hombres y mujeres son iguales ante la ley, que en denunciar la constante, contumaz y continuada violación, por parte de algunos de los países de origen de estos inmigrantes, del derecho que tiene cualquier mujer a ser considerada ante la ley con los mismos derechos que el hombre.
Pero aún hay más, ¿no resulta un tanto sospechoso que Estados Unidos, país que fue pionero en la lucha por los derechos de la mujer y que ofrece un modelo social casi idílico en lo que a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se refiere, no haya querido pertenecer a esta Convención que vela por la no discriminación de la mujer en el mundo?
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