El Paísdel martes 18 de septiembre dedicaba un editorial a las reformas educativas de Pilar del Castillo en el que se hacía referencia a los conciertos del Estado con los centros privados. Estos conciertos vienen regulados por la LODE, una de las tres leyes socialistas que se refieren a la organización de nuestro sistema de enseñanza secundaria.
Pues bien, haciendo gala de ese tono moralista al que tan acostumbrados nos tiene, el diario matutino decía que: “La integración de los centros privados en forma de concertados tuvo la virtud de reducir distancias en la educación que recibieron los jóvenes de diferentes clases sociales, propiciando el acceso generalizado a los concertados y mejorando ostensiblemente la calidad de los públicos”.
Entiendo de estas palabras que la creación de una red de centros escolares que el Estado paga y la iniciativa privada gestiona estuvo apoyada y bien vista por la izquierda porque “reducía las distancias sociales”. Pero, según el editorial, esa situación tan solidaria e idílica se está viniendo abajo porque “hay indicios de una separación progresiva entre los sectores de los centros públicos y los concertados, en los medios disponibles y en la capacidad para zafarse de las dificultades relacionadas con la integración de alumnos conflictivos o necesitados de un apoyo especial”.
Estas veladas acusaciones expresadas con una sintaxis un tanto retorcida, algo demasiado frecuente cuando se trata de hablar de educación, responden a las quejas que se hacen constantemente de que los centros públicos cuentan con peores medios que los privados y de que los colegios concertados ponen obstáculos a la matrícula de alumnos llamados “conflictivos”.
Cuando se habla de “medios disponibles”, bueno sería echar una ojeada a las estadísticas que muestran que en los centros públicos hay 24,4 alumnos por clase en la ESO y 19,4 en primaria, mientras que en los colegios privados las clases de secundaria obligatoria tienen como media 27,9 alumnos y las de primaria 24,3. Así que, al menos en lo que se refiere a “medios humanos”, todas las ventajas son para la enseñanza pública.
Por otra parte, esa enseñanza concertada que según parece iba a “acortar las distancias sociales” y mejorar la enseñanza pública, se ha convertido en la tabla de salvación para las familias españolas que están viendo como cada día esa enseñanza pública se deteriora.
En una encuesta que, hace unas semanas, publicó la empresa IDEA, dirigida por el que fue alma y cerebro de la reforma socialista, Álvaro Marchesi, se puso de manifiesto que así como a los padres no les importa que sus hijos se hagan amigos de alumnos con malas notas, más de un 60 por ciento teme que sus hijos alternen con escolares que presentan “conductas antisociales”. Puede suceder que una de las razones que lleva a los padres a preferir un colegio privado sea precisamente ese miedo a las posibles compañías “conflictivas” de sus hijos, a esa “conductas antisociales” que con excesiva frecuencia se producen en los centros públicos.
Parece razonable pensar que el reparto equitativo de los casos “conflictivos” entre pública y privada equilibraría la demanda entre estos dos tipos de enseñanza. Debería, incluso, ser aconsejable siempre que eso no suponga que los centros de gestión privada están obligados a regirse por los mismos principios antiautoritarios, la misma pedagogía demagógica y las mismas doctrinas progresistas que dominan nuestra enseñanza pública. Pues el clima de descontrol, de indisciplina, de permisividad absoluta al que estos principios la han conducido es el más propicio para que un alumno calificado como conflictivo pase a engrosar las filas de los adolescentes que presentan “conductas antisociales”.
Pues bien, haciendo gala de ese tono moralista al que tan acostumbrados nos tiene, el diario matutino decía que: “La integración de los centros privados en forma de concertados tuvo la virtud de reducir distancias en la educación que recibieron los jóvenes de diferentes clases sociales, propiciando el acceso generalizado a los concertados y mejorando ostensiblemente la calidad de los públicos”.
Entiendo de estas palabras que la creación de una red de centros escolares que el Estado paga y la iniciativa privada gestiona estuvo apoyada y bien vista por la izquierda porque “reducía las distancias sociales”. Pero, según el editorial, esa situación tan solidaria e idílica se está viniendo abajo porque “hay indicios de una separación progresiva entre los sectores de los centros públicos y los concertados, en los medios disponibles y en la capacidad para zafarse de las dificultades relacionadas con la integración de alumnos conflictivos o necesitados de un apoyo especial”.
Estas veladas acusaciones expresadas con una sintaxis un tanto retorcida, algo demasiado frecuente cuando se trata de hablar de educación, responden a las quejas que se hacen constantemente de que los centros públicos cuentan con peores medios que los privados y de que los colegios concertados ponen obstáculos a la matrícula de alumnos llamados “conflictivos”.
Cuando se habla de “medios disponibles”, bueno sería echar una ojeada a las estadísticas que muestran que en los centros públicos hay 24,4 alumnos por clase en la ESO y 19,4 en primaria, mientras que en los colegios privados las clases de secundaria obligatoria tienen como media 27,9 alumnos y las de primaria 24,3. Así que, al menos en lo que se refiere a “medios humanos”, todas las ventajas son para la enseñanza pública.
Por otra parte, esa enseñanza concertada que según parece iba a “acortar las distancias sociales” y mejorar la enseñanza pública, se ha convertido en la tabla de salvación para las familias españolas que están viendo como cada día esa enseñanza pública se deteriora.
En una encuesta que, hace unas semanas, publicó la empresa IDEA, dirigida por el que fue alma y cerebro de la reforma socialista, Álvaro Marchesi, se puso de manifiesto que así como a los padres no les importa que sus hijos se hagan amigos de alumnos con malas notas, más de un 60 por ciento teme que sus hijos alternen con escolares que presentan “conductas antisociales”. Puede suceder que una de las razones que lleva a los padres a preferir un colegio privado sea precisamente ese miedo a las posibles compañías “conflictivas” de sus hijos, a esa “conductas antisociales” que con excesiva frecuencia se producen en los centros públicos.
Parece razonable pensar que el reparto equitativo de los casos “conflictivos” entre pública y privada equilibraría la demanda entre estos dos tipos de enseñanza. Debería, incluso, ser aconsejable siempre que eso no suponga que los centros de gestión privada están obligados a regirse por los mismos principios antiautoritarios, la misma pedagogía demagógica y las mismas doctrinas progresistas que dominan nuestra enseñanza pública. Pues el clima de descontrol, de indisciplina, de permisividad absoluta al que estos principios la han conducido es el más propicio para que un alumno calificado como conflictivo pase a engrosar las filas de los adolescentes que presentan “conductas antisociales”.