José Luis Rodríguez Zapatero, tras ganar las elecciones del 14 de marzo de 2004, casi con la misma velocidad con que retiraba las tropas de Irak, llevó a cabo una serie de maniobras para paralizar, de hecho, el cumplimiento de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), elaborada por el segundo gobierno del Partido Popular y vigente desde veinte días después de su publicación en diciembre de 2002. Es conveniente saber que la Ley establecía un plazo máximo de cinco años para la implantación completa de las nuevas enseñanzas.
Para comprender las prisas de Zapatero por paralizar la Ley que había elaborado el Ministerio de Educación del Gobierno del Partido Popular, es preciso tener en cuenta que la Ley de los gobiernos de Felipe González, la LOGSE, fue una ley de educación fundamentalmente ideológica. Sus partidarios, a los que alguna vez se ha llamado “creyentes”, solían decir que más que una ley era toda una revolución del sistema educativo. La LOGSE fue aprobada en 1990 con mayoría absoluta del Partido Socialista y sin el apoyo de los Populares.
Desde que en España en 1990 se implantó la LOGSE, la educación obligatoria y gratuita abarca diez cursos académicos, desde los 6 a los 16 años. Estas enseñanzas básicas están divididas en dos etapas distintas: la Educación Primaria, de 6 a 12 años, y la Educación Secundaria Obligatoria, de 12 a 16. La LOGSE recortó en dos años el Bachillerato y retrasó el inicio de la Formación Profesional. Este sistema estaba copiado de las llamadas Comprehensive Schools británicas y respondía al viejo modelo socialista de escuela unificada, que persigue una enseñanza única desde el inicio de la Primaria hasta la Universidad
José María Aznar, cuando en el año 2000 ganó las Elecciones Generales con mayoría absoluta, decidió elaborar una nueva Ley de Educación que presentara soluciones prácticas a los problemas que, como desde el principio muchos profesores habían vaticinado, se estaban creando en los centros de Educación Secundaria. Estos problemas, entre otros, eran: el alarmante descenso en el nivel de las enseñanzas, el creciente número de conflictos de convivencia en las aulas, la pérdida de dignidad del profesorado de enseñanza media y un porcentaje excesivo (en torno al 30%) de jóvenes que abandonaban el régimen escolar sin titulación alguna.
La Ley que la ministra Pilar de Castillo bautizó como Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, mantenía el sistema, más o menos, como estaba, pero introducía algunos cambios con el fin de paliar los perversos efectos de la Ley socialista. Así, se abrieron distintas ramas o itinerarios a partir de 3º de la ESO, se estableció la obligación de repetir curso cuando se suspendían tres o más asignaturas y se ofreció la posibilidad de recuperar las asignaturas suspensas con exámenes extraordinarios en septiembre. Por otra parte, la LOCE ofrecía a los alumnos de 15 años la posibilidad de lograr el certificado de Educación Secundaria Obligatoria con unos programas especiales de iniciación profesional.
Con esa Ley, el PP pretendía inyectar cierta dosis de calidad, y, dicho sea de paso, también de racionalidad, en el sistema educativo y recuperar el valor de la instrucción, del estudio, de la disciplina y del esfuerzo personal.
Las medidas que se iban a poner en marcha con la implantación de la LOCE no fueron nunca del agrado de los “creyentes” de la LOGSE porque, decían, convertía el sistema “integrador” de su Ley en otro “segregador”. Dado que esos “creyentes” militaban en las filas de la izquierda que ganó las elecciones el 14 de marzo del 2004, la reacción inmediata del nuevo Presidente del Gobierno anunciando la paralización de la LOCE era perfectamente imaginable.
Si bien la LOCE estaba vigente cuando Zapatero ganó las elecciones, la organización de las enseñanzas, como tal, precisaba de un desarrollo normativo que hacía imposible su implantación antes del curso 2004-05. En la Comunidad de Madrid ese desarrollo estaba listo en el mes de abril de 2004 pero el Ministerio de Educación socialista, con el único argumento del anuncio hecho por el Presidente del Gobierno de que paralizaría la aplicación de la Ley, elevó consulta al Consejo de Estado para que le orientara sobre la forma legal de dejar inhábiles los Decretos de la Consejería de Educación madrileña.
A poco más de un mes de haberse formado el Gobierno, el Ministerio de Educación publicó en el BOE el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se establecía un nuevo calendario de aplicación de la LOCE. Este nuevo calendario retrasaba la implantación de las nuevas enseñanzas hasta el curso 2006-07 pero dejaba vigente la Ley, puesto que una Ley Orgánica sólo puede ser derogada por la promulgación de otra Ley de igual rango, algo bastante difícil y laborioso de alcanzar, sobre todo cuando se cuenta con una inestable mayoría, como es el caso actual del PSOE. Con ese retraso en el calendario de aplicación, la nueva ministra, María Jesús San Segundo, disponía de dos años para elaborar su propia Ley de Educación.
Al comenzar el actual curso académico, 2004-05, en que deberían haberse iniciado las enseñanzas LOCE, el Ministerio de Educación hizo público un documento titulado “Una educación de calidad para todos y entre todos” en el que se indicaban las líneas sobre las que el Ministerio estaba trabajando.
Este documento, que fue presentado como un texto para el debate, permitió al Gobierno, por un lado, dejar clara su firme decisión de no desviarse de los principios que habían inspirado la LOGSE y, por otro, ganar tiempo para elaborar un texto que, en el plazo de tiempo más breve posible, pudiera estar en el Parlamento.
El Ministerio de Educación, mientras trabajaba en la redacción de ese texto legal que debía derogar la Ley de los populares, se propuso vigilar y controlar cualquier norma autonómica que saliera de las Administraciones educativas “no afines” (especialmente de las de la Comunidad de Madrid), con el fin de impedir que se pudiera aplicar la Ley que estaba vigente y que, además, era orgánica. El objetivo era, y es, convertir la LOCE en una ley fantasma, en una ley que se recordará como la que jamás se pudo implantar y, así, borrar de la historia de la educación española la huella del Partido Popular.
Hace menos de un mes, la Ministra San Segundo hizo público el Anteproyecto de lo que será la futura Ley de Educación, la LOE: Ley Orgánica de Educación. Según este Anteproyecto, la LOE apuntalará el sistema unificado de 6 a 16 años establecido por la LOGSE, reafirmándose en los principios que inspiraron aquella Ley y que ahora se concretan en una nueva fórmula lingüística llena de demagogia: “Calidad sí, pero con equidad”.
Según se desprende del texto que ha presentado el Ministerio de Educación, para los socialistas equidad significa, por un lado, que el alumnado debe repartirse por igual entre la enseñanza pública y la concertada y, por otro, que todos los alumnos deben terminar la enseñanza obligatoria con el mismo nivel de conocimientos (que como se está demostrando es ínfimo). En cuanto a lo que los socialistas, y en general toda la izquierda, considera que es una educación de calidad, no hay duda alguna: la calidad es, para ellos, directamente proporcional al gasto. Sólo se logra mayor calidad si se incrementan los recursos materiales y humanos.
Por otra parte, el texto del anteproyecto que ha presentado el Ministerio es, en general, farragoso y ambiguo. Se habla de autonomía de los centros educativos sin que se entienda cómo se impulsará ésta; se establecen evaluaciones “generales y de diagnóstico”, sin que quede suficientemente claro el papel de las Administraciones autonómicas en ellas y, para combatir el fracaso escolar, se proponen unos “programas de diversificación curricular”, que, a modo de “programaciones a la carta”, precisarán de un número ilimitado de profesores, sin que se hable de dotar de mayor financiación a las Comunidades Autónomas.
En cuanto a las clases de Religión, caballo de batalla de la educación española desde hace doscientos años, en el Anteproyecto de Ley apenas se habla, es como si hubiera desaparecido de los currículos. Por el contrario, sí queda muy clara la obligatoriedad de una nueva asignatura, “Educación para la ciudadanía”, que se impartirá tanto en Primaria como en la Secundaria Obligatoria. Por cierto, quien tenga dudas sobre el carácter ideológico de esta nueva materia que lea la Disposición Final Quinta del documento en la que se otorga a los alumnos el derecho a la huelga. (Según los responsables del Ministerio de Educación, esta disposición no debe entenderse como una legalización de los novillos sino como “una clase práctica de Educación para la ciudadanía” (sic)).
Cabe señalar que, si se mantiene el texto de la futura Ley tal y como está, el Partido Popular considera, y con razón, que está en peligro la vertebración del sistema educativo español. Y es que, el artículo 6 del Anteproyecto dice que “los aspectos básicos del currículo no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan”. Es decir que, tras ser aprobada la Ley en las Cortes, Cataluña, el País Vasco, o cualquier otra Comunidad Autónoma, podrían exigir que esos aspectos básicos establecidos por el Ministerio de Educación requirieran un 55, un 30, un 20 o un 0% del horario escolar.
Esta concesión será, probablemente, la que facilite el apoyo de los partidos nacionalistas a Zapatero en el Parlamento, permitiéndole así sacar adelante su Ley Orgánica de Educación antes de que se agoten los cinco años de plazo que se daba la LOCE para estar totalmente implantada.
