El borrador de Ley de Calidad para la reforma de la enseñanza secundaria presentado por el Ministerio de Educación contiene medidas que se corresponden con el más puro sentido común y que, cómo no, todos aquellos que siempre se han mostrado admiradores de la LOGSE considerarán regresivas y trasnochadas.
Desde que los británicos pusieran en marcha su modelo de escuela comprehensiva, el mundo educativo se dividió entre quienes, partidarios de ese modelo integrador, no admitían la separación de los escolares antes de “edades demasiado tempranas”, por lo general los 16 años, y quienes pensaban que mantener a todos los adolescentes en las misma aulas y haciendo lo mismo era prácticamente inviable sin renunciar a la mínima calidad educativa.
A lo largo de los últimos treinta años la comprehensividad ha ido ganando terreno en gran parte de los países occidentales europeos. La corrección política y el progresismo pedagógico dominante ha llevado a tapar constantemente los problemas de disciplina y eficacia que ese sistema acarreaba y a esconderlos tras el incontestable argumento de que se trataba de un “enorme logro social” y que suponía la única solución moralmente válida para respetar el principio de la igualdad de oportunidades.
Uno de los instrumentos más eficaces para mantener esa falacia social ha sido la eliminación de evaluaciones reales y su sustitución por encuestas mucho más manipulables. Sin exámenes resultaba muy difícil distinguir entre quienes aprendían y quienes no.
Con la llegada del nuevo siglo se empezó a notar un cierto “arrepentimiento”. Tony Blair fue totalmente claro cuando, al comenzar su último mandato, declaró públicamente que el sistema de las Comprehensive Schools había fracasado. En Suecia el desastre es ya tan monumental que el gobierno se ha visto obligado a experimentar la implantación del cheque escolar. En Francia cada vez más expertos en educación se cuestionan las ventajas de esa enseñanza homogénea, que en su caso llega hasta los 15 años, y ese empeño que pusieron antaño por conseguir que el 80% de sus ciudadanos fueran bachilleres.
Por ello, recuperar el valor del examen como forma de evaluación y abrir a “edades más tempranas” diferentes itinerarios de acuerdo con los deseos y aptitudes de los adolescentes son los aspectos más positivos del borrador. Son, por otro lado, las medidas que provocan en la oposición el calificativo de “regresivo y segregador”.
Cuando ante la posible elección de dos caminos se toma el equivocado, lo más práctico y sensato es deshacer lo andado y empezar de nuevo. Si se buscan atajos o si se empeña uno en continuar la misma ruta sorteando obstáculos se terminará, posiblemente, cayendo al precipicio. Por eso cualquier posible arreglo, cualquier movimiento pedagógico que se rebele contra el principio igualitarista que confunde los privilegios sociales con la desigualdad natural de la capacidades intelectuales, tendrá que ser, evidentemente, de carácter regresivo.
No merece pues la pena defenderse de quienes intentan descalificar el proyecto educativo del gobierno tildándolo de retrógrado o anticuado porque precisamente en eso reside su mérito. Se trataba de retomar el camino que se dejó cuando los insensatos pedagogos socialistas metieron a la sociedad española en este experimento, mezcla de totalitarismo soviético y mística romántica roussoniana, que nos ha llevado a una situación de la que, ahora, nos va resultar difícil recuperarnos.
Todos los derechos reservados
!-->