El País nos cuenta en un artículo del pasado 6 de marzo titulado El nuevo maestro que "el profesor ya no es el sabio al que admiraba toda la sociedad, ni se debe limitar a impartir lecciones magistrales, ahora se le pide que enseñe a los niños a aprender por sí solos". Queda perfectamente plasmada en esa frase la vieja idea de que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad. Repetida durante treinta años; cuarenta en el caso de Cataluña. Y de esa mentira salen otras mentiras, como que "no puede haber calidad sin equidad" o que "el esfuerzo ha de ser de toda la sociedad", frases que aparecen tal cual en la LOE que acaban de aprobar, una ley cuya única misión ha sido, por cierto, derogar la Ley de Calidad del Partido Popular, precisamente por ser del Partido Popular. Lo que se ha aprobado no es sino la consolidación del fundamentalismo pedagógico de la izquierda, basado en esa visión ideologizada, sectaria y carente de base científica de una escuela en la que no se instruye y, por tanto, en la que no se aprende.

Y es que hubo un momento en que pedagogía progre decidió que el alumno podía aprender sin necesidad de instruirle si se le dejaba en paz, tan sólo preparando un poco el terreno. Se dijo, y se dice, que la "mera transmisión de conocimientos" no es educar, y que además es contraproducente. Y han logrado que la sociedad dé crédito a la idea, falsa en su totalidad, de que si el alumno aprende por sí solo, aunque aprenda menos, esos conocimientos quedarán más arraigados, y la enseñanza será de una mayor calidad. Y como la calidad se mide por los resultados del aprendizaje, la izquierda se ha asegurado de que, allí donde implanta las ideas de su pedagogía, no exista forma alguna de evaluar los resultados. Precisamente por eso era una amenaza para la izquierda que la Ley de Calidad viera la luz. Y precisamente por eso han aprobado la LOE.

El problema ha sido que el objetivo de acabar con las "lecciones magistrales" hace imposible la enseñanza de las Matemáticas, el Latín o la Física y, por tanto, había que darle nuevas funciones a la escuela. Por una parte, se están dedicando a vulgarizar la enseñanza, acabando con el "excesivo academicismo", que según ellos manifestaba. Precisamente, el academicismo que quería recuperar la Ley de Calidad. Ahora, lo progre es introducir en el sistema educativo educación vial, educación sexual, educación en labores del hogar (como se está haciendo en Andalucía), etc. Y esta vulgarización ha dado lugar a la creación de nuevas "áreas de conocimiento" (nótese el constante empeñopor cambiar todo de nombre).

Estas nuevas asignaturas creadas por la progresía pedagógica no sólo reflejan su sectarismo sino también, y sobre todo, su infinita cursilería. En esto último sí que hay que reconocer que la LOE ha sido un avance. Doy mi palabra al lector de que lo que a continuación va a leer son nombres reales de asignaturas: "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos", "Conocimiento del medio natural, social y cultural", "Educación Cívico-social", "Ciencias para el mundo contemporáneo", etc. Y ya lo último ha sido lo de Moratinos, el "módulo educacional inspirado en la Alianza de Civilizaciones". Reír para no llorar.

Las cursilerías éstas y la desvertebración del sistema educativo español son dos de las históricas aportaciones de Zapatero a la política educativa. Pero falta la mejor. El odio de la izquierda educativa hacia todo lo que suene a disciplina llegó al extremo de que lo vincularon, sin tapujos, a la lucha antifranquista. De tal modo que los que defendemos la disciplina y un clima de estudio somos autoritarios, y la única escuela democrática es la "participativa", es decir, la que sigue los dictados de la pedagogía de izquierdas. ¿Qué hace la LOE para atajar la indisciplina? ¿Devolver a los profesores la capacidad de expulsar a un alumno de clase? ¿Reforzar la autoridad del Director? ¿Disolver los Consejos escolares? Nada de eso. La solución viene de la tercera, y a su vez más progre, aportación de Zapatero a nuestro sistema de enseñanza: que sean los estudiantes los que decidan cuándo van a clase y cuándo no, colectivamente eso sí, no vaya a ser que haya alguno que quiera ir. Una medida histórica, señor Zapatero. Nunca un Gobierno había reconocido en una ley el "derecho de inasistencia a clase" de los alumnos. ¿No se pregunta por qué, presidente?