La primera reacción significativa a la aprobación de la Ley de Educación de Cataluña ha sido la del ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Lejos de seguir nuestro consejo, la persona de la que dependen, entre otras cuestiones, la inspección educativa, nos ha ilustrado, como viene siendo habitual, con sus declaraciones: "Cada familia, dentro de la organización del centro, ha de seguir las disposiciones legales, que es la asunción de esa lengua vehicular. Quiere decir que la enseñanza está tramada o articulada en torno a una lengua y a partir de ahí, la ley garantiza el conocimiento de otras". A la brillantez expresiva del ministro se le une el estar en posesión de la razón, puesto que, como bien ha explicado Pepe García Domínguez, la enseñanza del árabe y del urdú está perfectamente garantizada en Cataluña.

Pero la cuestión fundamental con la que tratan de confundir –y efectivamente confunden– quienes sostienen que esto de las lenguas es una batalla política que sólo se libra en Madrid y que el castellano no peligra en ningún rincón de España, es que nadie está hablando de si se enseña o no se enseña una lengua hablada por cuatrocientos cincuenta millones de personas, cosa que también podría discutirse habida cuenta de los resultados de los alumnos catalanes en las pruebas de castellano. No, el problema es que no se respetan los derechos lingüísticos de los ciudadanos castellanoparlantes en Cataluña. En realidad, estamos ante un problema de igualdad jurídica: si ambas lenguas, la catalana y la castellana, son igualmente oficiales en Cataluña, la marginación y proscripción de una de las dos de la vida pública (en el caso que nos ocupa, del sistema educativo) supone una evidente discriminación de las personas que deseen usarla, que ven sometido su derecho a la igualdad al proyecto político de construcción nacional catalana.

El filósofo de la Moncloa, como apodó el rotativo de Prisa a Ángel Gabilondo, no entra, lógicamente, en esta cuestión, y se remite al hecho de que la ley catalana desarrolla un estatuto que a día de hoy no ha sido declarado inconstitucional. Dice el ministro que "parece razonable esperar para ver si plantea algún problema". Cualquiera diría que el recurso lo interpuso él y el Estatuto lo aprobaron otros. Pero diga lo que diga el Tribunal Constitucional (que, recordemos, ni es un tribunal, ni lo forman jueces de carrera ni se integra en el Poder Judicial, sino que es un órgano cuyos miembros son elegidos por los mismos partidos políticos que aprobaron el Estatuto), lo cierto es que en Cataluña se hablan dos lenguas, constitucionalmente hay dos lenguas con el mismo carácter oficial y lo que se ha aprobado es dar rango de ley a la imposición de una de las dos sobre la otra.

José María Aznar tampoco alberga dudas al respecto, y ha dejado claro que "no se trata ni de un problema de derechos de las lenguas ni de un problema de identidad de Cataluña, ni de ninguna reivindicación social", sino de los derechos de las personas. Pronunció estas palabras en el campus de verano de la Fundación FAES, un lugar harto desagradable si se le compara con TV3, la cadena que exalta con cierta regularidad al grupo terrorista Terra Lliure y que se dedica día y noche a la propaganda separatista y anti-PP. Comparación esta que no hago yo sino que se permite emitir la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho (sí, la misma que aparecía retratada al lado de Obama en aquella horterada electoral).

Precisamente, publica El País, el PP de Cataluña ha pedido a Rajoy que no lleve ante el Constitucional la Ley de Educación de Cataluña. La estrategia de Alicia consiste, por tanto, en que el único partido nacional que queda en Cataluña presione para que no se defiendan los derechos de los catalanes castellanohablantes ante el Constitucional. Desde luego, si Nebrera merece la apertura de un expediente disciplinario por aquello que dijo de Maleni, me da la sensación de que el expediente de Alicia debiera estar ya más avanzado que el del compañero Bárcenas (por cierto, ante la imputación del tesorero nombrado por Rajoy imagino que no volveremos a oír mensajes como que el PP no contrata con Correa desde 2004, dejando ver así que se trataba de algo de la era Aznar).

Se inicia, sobra decirlo, una cuenta atrás para Mariano Rajoy: recurrir o no la Ley de Educación de Cataluña (suponiendo que un año de éstos el Tribunal Constitucional tenga a bien decidir sobre la existencia de España, entre otras cuestiones pendientes). Una cuenta atrás que se acumula a otras muchas, entre ellas la de Bárcenas. En ambos casos me temo la peor decisión posible a la que tan acostumbrados estamos: ninguna.