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Islamismo

Suiza prohíbe los minaretes

Ha pasado poco tiempo desde que la Asamblea Nacional francesa –con el apoyo de todos los partidos republicanos– iniciara los trámites para prohibir el burka en los espacios públicos de la República francesa, cuando nos llega la noticia de que Suiza ha votado en referéndum popular prohibir constitucionalmente la construcción de minaretes en su territorio. En España, medios como El País lo han presentado como la victoria de una medida de la ultraderecha contra una la inmigración musulmana, dando a entender que se trata de un brote de xenofobia, equiparable a los resultados ocasionalmente buenos de la extrema derecha en algunos países europeos.

Probablemente, si este debate tuviera lugar en España se consideraría un debate de religión y volveríamos a los argumentos de siempre: que si clase de religión sí o no, que si crucifijos o no, que si financiación de la Iglesia... Sin embargo, como vengo diciendo, este no es un debate ni de religión ni de laicidad ni del papel de las religiones en un Estado aconfesional. Es un debate que afecta a la civilización occidental, a las identidades nacionales y a la idea occidental de libertad individual. Habrá economistas liberales que digan que no hay que prohibir nada, y que nada tengan que objetar a que haya dentro de un país un gueto cultural creciente en el que el burka sea la regla social, en el que los niños estudien en escuelas islámicas y en el que las mezquitas saudíes difundan el integrismo islámico, pero la idea que tengo yo de libertad individual va un poco más allá de eso; tampoco es este un debate sobre prohibicionismo estatal versus individualismo (el islamismo es, de hecho, un ataque a la idea de individuo).

Lo que está pasando en realidad no es algo extraño a la historia de las civilizaciones. Muchos reyes e imperios, desde la Antigüedad, han logrado crear y disolver naciones e identidades culturales. Lo más eficaz para destruir una conciencia nacional resultaron ser las deportaciones masivas, frecuente práctica de los imperios mesopotámicos. Por tanto, las identidades (nacionales, culturales o religiosas) pueden modificarse simplemente mediante las migraciones (forzadas o no) de grandes grupos poblacionales; así, modificando identidades se acaban modificando los valores de referencia de una sociedad (como sucedió con el helenismo en Judea) y, al final, acaban cambiando las Leyes de esa sociedad. No basta afirmar los derechos humanos, la democracia liberal, la igualdad y las libertades individuales si ignoramos desde la política el crecimiento de comunidades culturales que rechazan con fuerza estos valores dentro de nuestra sociedad; no es irrelevante el porcentaje de una población que rechaza la democracia liberal y precisamente por ello no es intervencionista tratar de mantener la cultura en la que se asienta la libertad y sí lo es limitarse a afirmar la libertad religiosa mientras crece la proporción de ciudadanos que, amparándose en ésta, quieren suprimirla.

Ni los suizos se han vuelto locos prohibiendo minaretes ni los franceses exageran prohibiendo el burka. No es prohibicionismo en un caso ni un exceso de laicismo republicano en otro. Se trata simplemente del despertar de una idea: la civilización occidental ve amenazada su hegemonía cultural por el enorme crecimiento demográfico de comunidades culturales que, profesando el islamismo, rechazan asimilar la identidad cultural occidental y lo que ella conlleva (la idea de individuo, los derechos de la mujer o que la Ley de los hombres esté por encima de la Ley de Dios). Nuestra civilización proclama la libertad de religión, pero de nada servirá si quienes la rechazan, amparándose en esa misma libertad, llegan a ser mayoría y a tener un papel relevante en la elaboración de las Leyes que rigen las sociedades occidentales.

No es, en definitiva, ninguna persecución religiosa o cultural que Francia, Suiza o todo Occidente deseen proteger su identidad cultural además de sus Leyes y Constituciones y empiecen a tomar medidas para asegurarse de que quienes llegan a nuestro continente tengan claro que la universalidad de los derechos humanos, la supremacía de la ley o la igualdad de las personas son de obligatoria asimilación, y que no contemplamos la integración cultural como una opción entre varias sino como una política pública basada en la firme voluntad de mantener nuestra identidad cultural. Pero, para eso, habrá que empezar por tenerlo claro nosotros, desterrar el buenismo multicultural y empezar a entender lo que acaba de pasar en Suiza.

Álvaro Pérez Fernández es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, miembro del Claustro de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero del Consejo Escolar del Estado y autor del blog Cien Mil Objeciones.

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