Una ley antiespañola

Ángel Acebes dijo la legislatura pasada que, aunque luego le llamaran radical por decirlo, la Ley Orgánica de Educación era una ley "antiespañola". Tal afirmación se debía, entre otras cosas, a la laxitud con que el texto legal regulaba las competencias estatales y el infinito margen de desarrollo que dejaba a las Comunidades Autónomas. Seguidamente, entraba en vigor el Estatuto de Cataluña, estableciendo que "Corresponde a la Generalidad, en materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva".

Pues bien, en desarrollo de ambas normas, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña acaba de aprobar la LEC, Ley de Educación de Cataluña. Las denuncias más evidentes responden a la supresión definitiva de cualquier derecho lingüístico o cultural de los ciudadanos castellanohablantes, así como de la obligatoriedad del estudio de la lengua castellana. Se acaba así, ilegalmente, con la llamada "tercera hora" de castellano, que pretendía evitar la supresión de la enseñanza de esta lengua a través del fraude que supone impartir "estructuras lingüísticas comunes" en catalán en el horario de lengua castellana. En fin, la lengua oficial del Estado quedará marginada como asignatura y no podrá ser elegida como lengua vehicular por los castellanohablantes, para no segregar a los alumnos en función de su lengua, según dice Joan Riado, de Esquerra Republicana, partido, como se sabe, profundamente comprometido con la no-segregación lingüística.

Sin embargo, la legalización del régimen de inmersión lingüística, que lleva vigente veinte años y que supone la discriminación legal de una de las lenguas oficiales y, consiguientemente, de los ciudadanos que la hablan, no es lo más preocupante de la Ley, habida cuenta de que con el anterior texto legal, que sí reconocía el derecho a la educación primaria en castellano, tampoco era posible elegir lengua. Lo realmente nuevo de la LEC es hasta qué punto configura un sistema educativo completamente distinto y separado del que tiene el resto de España. La transferencia de los colegios públicos y sus profesores, la facultad de aprobar los planes de estudio, la regulación lingüística y, en definitiva, la cesión de todos los recursos y competencias legales sobre la educación, ya implicaban un sistema educativo fragmentado. Con la LEC, el sistema educativo catalán sencillamente se escinde del que tiene el resto del país.

Hay, sin duda, mejoras en la nueva Ley (tampoco es de extrañar, si se tiene en cuenta que España lleva desde 1990 con el mismo "modelo Logse"), como pueden ser las medidas de evaluación por resultados, la autonomía de los centros o el refuerzo de la autoridad del Director. También contiene grandes disparates típicamente progres, como la zonificación de centros y profesores, la revisión de los conciertos y la mediación para la resolución de conflictos (ya saben, si un alumno pega a un profesor hay un conflicto; alguien debe mediar entre ellos). Pero lo fundamental es, sin duda, que la LEC, con sus mejoras, sus maldades, sus innovaciones y sus tonterías, supone el reconocimiento de la definitiva escisión educativa de Cataluña y, con ello, de la triste retirada del Estado.