Es inútil argüir que en España la cuestión del autoritarismo pertenece al pasado, es un resto de la memoria histórica. Es posible, pero la semilla ha seguido reproduciéndose en el ambiente de un régimen democrático. Es más, se trata de una tacha que se manifiesta igualmente fuera de la política, en el dominio (ahora dicen "ámbito") de las relaciones particulares.
Son innúmeros los esfuerzos que hacemos todos para tener razón a la hora de conversar o de seguir la rutina doméstica o laboral. El autoritarismo no es más que la creencia de que quien manda o ejerce cierta preeminencia siempre tiene razón o por lo menos tiene más razones que sus subordinados. No es fácil explicar tal grado de irracionalidad, ya que es evidente que no todos pueden tener razón siempre.
A pesar de que estemos ante un término esencialmente político, la verdad es que en la vida española el autoritarismo se encuentra en la calle, la casa, la oficina, en todas partes. Lo que ocurre es que ya ni nos llama la atención. Es parte de nuestra personalidad colectiva. Los partidos políticos disimulan el autoritarismo larvado con el expediente de las elecciones primarias. Son solo un remedo democrático, pues no existe un control público del proceso, ni siquiera del censo. Los españoles acabamos creyendo que elegimos al Gobierno y a su presidente, cuando tales cargos supremos son el resultado de cambalaches parlamentarios. La corruptela se repite en los otros niveles de las comunidades autónomas o de los municipios. ¿No es maravilloso que, después de todo, a los españoles les guste tanto votar?
Históricamente, la democracia nació en la Edad Media para que los contribuyentes acordaran con el Rey los pechos que habían de imponerse. Tal hermoso principio nunca se cumplió del todo, y menos ahora. Una parva ilustración: ¿por qué, si el valor de las viviendas en España ha descendido claramente durante el último decenio, sus propietarios han visto subir el IBI? Nadie puede creerse que esa decisión se tome de una forma democrática. En realidad, todos los partidos parlamentarios están de acuerdo en que los impuestos deben subir inexorablemente. La explicación falaz es que hay que seguir atendiendo a los gastos sociales, siempre crecientes. El caso más lacerante es el de los herederos que renuncian a la herencia por no poder pagar los impuestos correspondientes.
¿Cómo se explica que un consistorio municipal tenga el poder para alterar los nombres de las calles? Y eso sin llegar al extremo jocoso de eliminar el rótulo de la calle Antonio Machado por la razón de que fue un "españolista".
Pero el autoritarismo de la política no es lo fundamental. No es verdad que todos los españoles sean iguales ante la ley (ahora dicen "la legalidad"). No hay que llegar al distinto trato que dan los tribunales de Justicia a unos u otros justiciables. Muchos españoles acumulan las experiencias de haber llamado a un teléfono de atención al cliente de cualquier servicio público o empresarial. Es claro que el robot al otro lado de la línea tiene todo el poder y, por tanto, la razón. La cosa es que el cliente desista de su queja.
Son muchas las oficinas públicas y particulares que acuerdan el sistema de cita previa (el adjetivo es ocioso) para facilitar la visita de los clientes. Pero lo normal es que impongan una fecha y hora sin consultar el interés del solicitante.
Las muchas prácticas autoritarias que nos envuelven ya no llaman la atención; constituyen el medio natural donde nos movemos. Ningún pez se hace cuestión de vivir en el agua.