El sistema democrático se basa en el libre juego de partidos políticos que compiten para llegar al poder a través de elecciones pacíficas, regulares y con voto secreto. Hasta aquí estamos casi todos de acuerdo. Otra cosa es que el juego sea más o menos libre y los partidos más o menos puros. Digamos que en España ─fuera del País Vasco─ el grado de democracia es el aceptable en los países con tradición democrática. Lo que no se entiende es que las maniobras normales de los partidos puedan ser tachadas de “electoralistas” o “partidistas” con un deje despreciativo, como para quitarles legitimidad. No es que lo hagan los pocos que se encuentran fuera del juego democrático. Son acusaciones que se lanzan recíprocamente unos partidos contra otros. Lo lógico es que los partidos sean partidistas y miren de conseguir el poder o de conservarlo por cualesquiera medios pacíficos y legales. Esa pulsión electoralista no debe ser tachada como algo pernicioso. Lo malo de esa acusación es que desplaza la verdadera crítica que merecen las tácticas de los partidos. Las cuales pueden ser benéficas o reprobables desde el punto de vista del bolsillo de los contribuyentes. Eso es lo que importa. Desgraciadamente esa crítica suele estar ausente de nuestro ruedo político. Estamos ante un caso en el que las palabras sirven para distorsionar la realidad, esto es, para no entendernos.
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