Creo que me quedé corto al describir aquí el problema de la okupación de viviendas y otros locales. Reconozco ahora que la cuestión se halla mucho más extendida y es más grave de lo que yo suponía, al menos en las grandes ciudades y singularmente en Madrid.
He recibido varios testimonios de corresponsales que son testigos del fenómeno de la okupación de viviendas y locales en los barrios donde viven o en los que trabajan. Parece ser que los asaltos no son individuales sino más bien por parte de bandas organizadas que llaman mafias. Una vez producido el atentado, resulta que los okupas consiguen tantos o más derechos que los propietarios. Es un curioso desarrollo del principio de la usucapión del Derecho Romano. Me resulta escandaloso el hecho de que los jueces o policías (espero que solo sean algunos) se sientan temerosos ante las mafias. Si así fuera, donoso Estado de Derecho sería el nuestro.
Según me cuentan, los okupas no se instalan en viviendas grandes y acomodadas, sino en pequeños pisos modestos de los centros urbanos. La táctica es que los propietarios de las viviendas okupadas abandonen sus domicilios. Le seguirán otros vecinos amedrentados. De este modo se puede vislumbrar un futuro de espacios urbanos okupados. Me sobresalta la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid va a acondicionar una ampliación de las oficinas municipales con un nuevo edificio en el que se reservará una parte para que se instalen bonitamente algunas pandillas de okupas. Me temo que algo así pueda ocurrir también con el hotelito que la alcaldesa mantiene en San Rafael.
Me dicen que algunas víctimas de las okupaciones se han unido para defender sus derechos. Han acudido en demanda de protección a los partidos políticos, pero ninguno les ha prestado atención. Uno de ellos, Ciudadanos, les ha transmitido su propuesta de que los okupas se puedan empadronar en los domicilios asaltados. Me resulta difícil de creer una cosa así, pero como me la cuentan lo cuento.
Me ha llamado mucho la atención la idea que circula para legalizar las okupaciones de las viviendas secundarias, esto es, las que solo se habitan en periodos de vacaciones o fines de semana. Por lo mismo, empieza a cundir el criterio de que se podrían okupar las viviendas muy grandes o unipersonales. Nos encontramos ante una forzada interpretación del principio constitucional del derecho a la vivienda de todos los españoles.
Lo más sorprendente es el hecho de que la Justicia o la Policía (ahora dicen "Cuerpos y Fuerzas de Seguridad") se inclinan más bien por llamarse andanas en los casos de okupación; llegan incluso a proteger a los okupas. ¿Qué pasaría si fueran okupadas algunas viviendas de ciertos jueces, policías o políticos?
Me extraña que, existiendo tantas asociaciones con fines humanitarios, pocas se hayan hecho eco del disparate de las dichosas okupaciones. Que yo conozca, solo la Liga de los Derechos Humanos se ha declarado manifiestamente adversaria del ludibrio de las okupaciones. ¿Tanto poder habrán adquirido las mafias?