Como en tantas otras cosas, la exaltación de "lo social" fue un invento del franquismo para ganar legitimidad. Entonces lo social (la Organización Sindical) se contraponía a lo económico (los empresarios). Naturalmente, todo controlado (ahora dicen "monitorizado") por el Estado. De todo ese tinglado quedan varios residuos. Por ejemplo, tanto los sindicatos como las patronales de esta época democrática siguen recibiendo generosas subvenciones del Estado. Ambos grupos de presión no pueden ser más colaboradores de los Gobiernos.
Hoy el epíteto de social se aplica a lo que conviene que acepte el pueblo (ahora dicen "ciudadanía") sin rechistar. Un suponer. Si se prodiga todavía más el despilfarro del gasto público, la cosa se disfraza de gastos sociales. Es fantástico que ante tal dislate se hallen prácticamente de acuerdo todos los partidos (ellos dicen "grupos parlamentarios" o "formaciones políticas". Sigue funcionando el tabú de los partidos, otra herencia del franquismo). Naturalmente, la consecuencia inmediata es la subida de los impuestos. Tal expresión parece vitanda, así que se presenta como ajustes, cuando más bien desajusta los presupuestos familiares. Para ocultar la cara antipática de los impuestos, no se denominan siempre así, sino tasas, licencias, recargos, plusvalías, retenciones, etc. Otras veces se visten con acrónimos: IRPF, IVA, IBI, etc. El nefasto IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) no ha hecho más que subir durante los últimos lustros, al tiempo que bajaba el valor de los inmuebles. Nadie discute su carácter confiscatorio.
El colmo de la desfachatez es declarar oficialmente que la subida de los impuestos al consumo se dirige contra las "grandes empresas", no contra la ciudadanía, en castizo los paganos. Al grueso de las empresas (y casi todas son pequeñas) no les preocupa demasiado la subida de los impuestos al consumo. Les basta con aumentar los precios de lo que venden en parecida proporción. Por eso mismo, al final quienes de verdad se tienen que comer los tributos con patatas son los jóvenes (menos de 30 años) y los viejos (más de 65 años). Lo cual demuestra que la mayor presión fiscal genera paro y minora el valor real de las pensiones de jubilación. No es casualidad que en los Gobiernos y Parlamentos se sienten muy pocos jóvenes y viejos. La política (ahora dicen "las políticas") se diseña para beneficio de las personas empleadas. No todas por igual, claro está. Basta con lanzar a todos los vientos que la creación de empleo es una prioridad social.
Se añade una circunstancia aún más lacerante. Resulta que la sociedad se organiza políticamente para que los ricos (sean o no futbolistas de excelencia) paguen proporcionalmente menos impuestos. Y eso sin llegar al delito (que ahora llaman "ilícito").
Produce risa la reciente medida de no poder hacer pagos en efectivo superiores a mil euros. Claro, la han decidido las personas que tienen todo pagado o casi. Por lo visto, tan extravagante medida se dirige a minorar la corrupción. A quien haya pensado tal cosa le chorrea el agua del bautismo. El paso siguiente será suprimir los billetes y monedas. Todo se andará. Seguramente dirán entonces los jefes que de esa forma todo va a ser más social.