La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú deja señales inquietantes. El contundente crecimiento que experimentó la candidatura del ex presidente Alan García al punto de pasar a la segunda vuelta revela un peligroso proceso de retorno al más desenfrenado populismo que hace más de una década dejó al país sumido en la más profunda crisis del siglo XX.
El gobierno de García significó un abierto intervencionismo estatal, tanto en la economía como en la vida cotidiana de las personas. La banca, las empresas, la prensa, todo pasaba por el control estatal. Eran días de hiperinflación, de caída del producto, en los cuales Perú carecía de crédito externo al negarse el gobernante --de manera unilateral-- a pagar la deuda contraída con organismos financieros internacionales.
También eran tiempos de terror. Sendero Luminoso estaba en su apogeo, seguido de cerca por las acciones de otro movimiento insurreccional, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. La población vivía entre fuegos cruzados que cobraban miles de víctimas. Todo esto buscaba ser neutralizado por García a través de discursos y de acciones populistas que dejaron al país en un clima de franca inestabilidad.
Queda claro que no es posible entender el período autoritario de Alberto Fujimori sin el antecedente del gobierno de García. Es este quien fractura la democracia en la cual dejan de creer los ciudadanos porque no se sienten protegidos, ni en su integridad ni en el desarrollo de sus actividades económicas.
Es paradójico y desconcertante que este mismo personaje demoledor haya obtenido tan alta votación. Quizá no gane en la segunda vuelta, pero ya ha dejado una señal que debe ser seguida con mucho cuidado, en especial por quienes invierten en Perú. Cierto es que García ha prometido no cometer los mismos errores, pero las promesas de un populista no merecen mayor credibilidad por aquello de que "moro viejo no puede ser buen cristiano".
El otro candidato, y probable ganador en definitiva, Alejandro Toledo, representa un híbrido programático que en su momento respondió a una necesidad de aglutinar al antifujimorismo y que posteriormente se ha caracterizado más por las inconsistencias discursivas que por la claridad de lo que haría en el gobierno en materia económica.
Estas interrogantes, de corto y de largo plazo, son la trágica herencia del autoritarismo fujimorista, donde no se tuvo la visión ni la grandeza, de consolidar y proyectar una transformación económica basada en el libre mercado, sino que se la asfixió en la megalomanía personalista del autócrata y en los atropellos sistemáticos al Estado de Derecho, así como en la corrupción de los asesores que terminaron por hundir dicho gobierno.
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