Hace unos meses dejé escrito que lo primero que haría el Gobierno social-comunista sería desmontar las estructuras del Estado que se le resistían: la Corona, la Justicia (empezando por la Fiscalía y la Abogacía del Estado), las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el alto funcionariado y los medios independientes.
Nada más comenzar la legislatura observamos el desparpajo con que se prostituyó la Fiscalía General del Estado. Con ese nombramiento se inauguraban también las formas insolentes y chulescas y el trágala grosero, con apoyo mediático para cualquier decisión abusiva. El Gobierno presentaba su hoja de ruta y avisaba de que rechazaría cualquier intento de fiscalización por parte del Parlamento o de la opinión publica. No habría siquiera pretensión de guardar las formas y se retorcerían las palabras hasta disociar irremediablemente significante y significado.
Con el Delcygate se impuso una tendencia que no ha hecho más que asentarse con el paso de los meses: afrontar cualquier escándalo con montañas de mentiras grotescas. Los únicos miembros del Gobierno a salvo de la destitución son los pillados in fraganti en un hecho ilícito y en montones de trolas para encubrirlo. La respuesta ante cualquier exigencia de explicaciones será el matonismo y el chuleo. Y se esperará a que las cortinas de humo, el ruido, la confusión o el siguiente escándalo, siempre a la vuelta de la esquina, consigan apagar la polémica.
Cuando comenzó la epidemia advertí que, en la lógica del comunismo revolucionario, una tragedia disruptiva es bienvenida como una oportunidad, y que había que ser muy cautos al otorgar poderes excepcionales a unos tipos que desprecian la normalidad y aspiran a perpetuar las restricciones de derechos y libertades. La operativa comunista tiene experiencia en la servidumbre que provoca en la población la retirada de libertades básicas (trabajo, reunión, circulación) bajo cualquier pretexto, para que se van devolviendo con cuentagotas y en forma de graciosa concesión del Gobierno. Los disidentes (la Comunidad de Madrid) sufrirán la indignidad y la arbitrariedad abusiva de los que sólo ven en el Estado un medio para avanzar sus causas perversas.
Hoy parece evidente que los presagios se han cumplido. Bajo la excusa de un estado de alarma por motivos sanitarios, se ha aplicado en realidad un estado de excepción y se han aprobado o comprometido medidas que nada tenían que ver con una lucha más eficiente contra los efectos del virus.
El acuerdo para la derogación de la reforma laboral es una de ellas. Esta medida ha seguido también la línea de destrucción de los consensos democráticos que comenzó ZP y culmina el empeño del orwelliano Ministerio de la Verdad que hay montado en Moncloa de legitimar a Bildu, obviando promesas y reescribiendo la Historia. La postración ante los post-terroristas se convierte además, por efecto de la también orwelliana neolengua sanchista, en una decisión forzada por la irresponsabilidad de una oposición que se empeña en no otorgar cheques en blanco a nuestro Gran Hermano.
Otro ejemplo de ejecución de la agenda de deconstrucción del Estado abusando de la situación de excepcionalidad es la colocación con nocturnidad de Iglesias en los órganos de control del CNI. Aparte de no haber ninguna explicación razonable que no sea la de la infiltración, desactiva a nuestros servicios de información como socio fiable para sus pares occidentales.
Por no hablar de la compra y sometimiento de medios de comunicación privados, la mayoría quebrados, por la vía de las ayudas directas y la publicidad institucional. Medios que se han plegado a la humillación de aceptar el papel de meros propagandistas del régimen gracias a la colaboración de sus accionistas, representantes de una casta de intocables de capitalismo de BOE y amigotes de la que habrá que hablar en otro artículo.
La malvada maquinaria de las cloacas monclovitas ha dado un nuevo e importante paso en la aplicación de la receta chavista para la destrucción de un Estado de Derecho en el corazón de Europa. Y no por prevista es menos escandalosa. Se trata de divorciar a los ciudadanos de uno de los pilares del Estado más apreciados: las fuerzas del orden.
El plan tiene tres fases: la primera, extrañar a esas fuerzas del pueblo y alienarlas de su base de apoyo ciudadano. Para ello, nada más fácil que enviarlas a cometer arbitrariedades y abusos contra expresiones espontáneas y legales de rechazo del Gobierno. O usar sus recursos de inteligencia para vigilar a desafectos.
Abierta ya la brecha, la segunda fase consiste en purgar a la cúpula. Los sucesos de los últimos días, en los que se ha descabezado la Guardia Civil y nombrado un general maleable –saltando el escalafón de cinco tenientes generales– para sustituir al dimisionario DAO, es prueba de ello. El castigo a los desafectos y la promoción de los dóciles, de los que se prestan a ser cómplices de los excesos del Ejecutivo, incluso de los directamente delictivos, refleja la calaña de los que se sientan en el banco azul.
La tercera fase la hemos comenzado a ver: la zanahoria de las ventajas económicas (en un contexto de penurias generales), que ablande a los miembros de las FOP con convicciones más débiles. La aceptación de una merecida compensación, presentada no accidentalmente en forma de coima, consigue desprestigiar a esos cuerpos a los ojos de los ciudadanos y los ponen más firmemente en manos del Gobierno como herramienta represiva.
Si además nos fijamos en el último escándalo asociado a la arbitrariedad de Marlaska, comenzamos a ver el cuadro completo del efecto de la confluencia de elementos accionados con anterioridad: desde el asalto a la independencia judicial, pasando por la actitud servil de la Abogacía del Estado, hasta el uso de palmeros mediáticos suficientemente engrasados como correa de transmisión de la postverdad gubernamental y su sonrojante papel en el blanqueamiento de sus desmanes.
Y así, a día de hoy, Dolores Delgado está en su puesto de fiscal general, como lo está Rosa María Seoane en la Abogacía General, desde donde, bien pagás, ofrecen cobertura para la perversión del orden constitucional. Abalos se carcajea en el Congreso y la maletas de Delcy no han vuelto a dar que hablar. Illa, Simón y sus 50.000 muertos ahí siguen. Del coronel y los tenientes generales de la Guardia Civil nadie se acordará en unos días, y, desde luego, Marlaska se apresta a aguantar hasta que amaine. Hasta imputado aguantará. Lo hacen también todos sus cómplices del Gobierno: las Robles y Calviños, la bancada socialista en el Congreso y todos sus Gobiernos autonómicos. Ni un gesto de dignidad. Con su connivencia se mimetizan, indistinguibles, de la degradación irremediable de nuestra democracia, que se precipita por el terraplén del tercermundismo bananero. Ellos también son responsables. Los son todos. Que no se nos olvide. Para cuando el manguerazo de la regeneración se tenga que llevar por delante todo este lodazal.