"Tiremos del carro en la misma dirección, aportando cada uno su granito de arena..." al carro ajeno, para que la carga le pese más. Mientras el penúltimo presidente autonómico abandonaba el palacio de la Moncloa con la carretilla repleta de vanas promesas, S.M. grababa su tradicional mensaje navideño lleno de paz, amor y un montón de buenos deseos y de resultados nefastos.
Normalización de lenguas, mentes y almas, amables campañas y prohibiciones mil para que los ciudadanos se porten como deben, apertura de nuevas consejerías, a ver si de una vez nos enteramos de lo sanos que son el golf y el baloncesto (Madrid tiene su propia Consejería de Deportes; el año que viene Cataluña creará la suya) y agencias de contratación dedicadas a la verificación del cumplimiento estricto de las cuotas –de mujeres, jóvenes, inmigrantes, mayores de 45 años y demás colectivos desfavorecidos o en peligro de exclusión. Tiremos del carro, dice el Rey, chupemos del frasco, responden a coro los 17 jefecillos de Estado que gestionan la mitad de nuestro dinero público.
Algo tienen en común el marketing público y el privado: donde no hay una necesidad, se crea. La diferencia es que en el caso de los empresarios, si el experimento sale mal, su creador abandonará el campo de juego con el rabo entre las piernas y la lección aprendida, a menos que convenza a algún político de que lo suyo es un servicio público y esencial, y por tanto susceptible de rescate. El caso estatal es bastante peor: si la cosa falla, la culpa es de los ciudadanos, que no han entendido el mensaje, así que se multiplicará el presupuesto del organismo en cuestión y se dictarán las medidas oportunas para que la competencia privada sea convenientemente suprimida.
En esto ha quedado el Estado de las autonomías, un sueño federalista convertido en espantosa pesadilla socializante. Es el "todos contra todos" inaugurado con el Estatuto de Gernika (1979) y la Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (1982), aunque en realidad el origen es la misma Constitución. Me refiero al artículo 149.3, el que establece que "las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos". ¿Y qué competencias son estas?
Entre otras, la programación general de la enseñanza, la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, la inspección y homologación del sistema educativo, la regulación del matrimonio, la función social de la propiedad privada y la herencia, el estatuto de los trabajadores, las profesiones, la productividad y la planificación económicas, la protección de la familia, la equidad en la distribución de la renta, la seguridad y la higiene en el trabajo, la protección de la salud –incluyendo las medidas preventivas, la educación física y el deporte–, el acceso a la cultura, la investigación científica, la utilización racional de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, la conservación y engrandecimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural, la vivienda digna y adecuada, la participación de la juventud en la sociedad, la rehabilitación e integración de los disminuidos, la defensa de los consumidores, etc...
Entre un Estado central que no renuncia a regular nada y unas Comunidades Autónomas dispuestas a duplicar todas y cada una de las funciones de la Administración Central y a rellenar los huecos dejados por los políticos y funcionarios residentes en Madrid (el paisaje catalán, el flamenco andaluz...), ese carro del que nos habla D. Juan Carlos parece cualquier cosa menos una empresa común.
Sólo una reforma constitucional profunda que entre a cuchillo y sin contemplaciones en el Título I, De los derechos y deberes fundamentales (del Estado para decirnos lo que tenemos que hacer y cómo debemos pensar, no de los ciudadanos para diseñar y llevar a cabo sus proyectos vitales de forma pacífica) podría evitar el desastre de estos tiempos tan interesantes que nos han tocado vivir.
Preguntada el día 24 en Herrera en la Onda sobre el Estado de las autonomías, Soraya Sáenz de Santamaría calificó la justicia y la seguridad de asuntos secundarios y se centró en lo que según ella son las auténticas funciones del Estado, esa larga y cansina retahíla que he resumido más arriba. No tienen remedio.
Desde Hawai, el presidente electo Obama insta a los suyos a servir los unos a los otros mientras prepara un gigantesco plan intervencionista que sustituirá el antipático comunismo de derechas de Bush por el sonriente socialismo maternal. El mismo perro con distinto collar, aunque si nos atenemos a las referencias, siempre bíblicas (Señor, ¡qué cosas se hacen en tu nombre), habría que concluir que ambos huelen al mismo tipo de basura.
Me quedo con Isabel de Inglaterra, la única que ha tenido la buena educación de introducir un poco de realismo en su discurso: entender que la incertidumbre es parte de nuestras vidas, aceptar que estamos en un mundo globalizado donde las causas y los efectos están interconectados, practicar la filantropía, no dar nada por hecho y luchar por un futuro mejor. Esa es su receta de la felicidad, o al menos de la satisfacción con la vida. Me temo que ni tras 57 años en sus cargos comenzarán nuestros políticos a ganarse el sueldo. ¡Dios salve a la Reina! Y a los demás, que el Cielo les confunda.
Feliz lo que sea, si les dejan.