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Campaña antipiratería

Ahora la Ley actúa, o eso dicen

Tómese 30 segundos en pensar actividades que suponen la comisión de un delito. Seguro que se le han ocurrido unas cuantas. Pueden ser o no alguna de las que se le proponen a continuación: atraco a mano armada, asesinato, estafa, falsificación de dinero y documentos, pegar una paliza a su vecino, mirar con unos prismáticos a su vecina mientras se cambia de ropa, robar un collar de diamantes... Existen muchas más, pero ningún ministerio se dedica a poner anuncios en las marquesinas de autobús advirtiendo de que son delitos.
 
Bueno, sí, hay dos ministerios que lo hacen de manera conjunta. Los departamentos de Cultura y de Justicia han comenzado una campaña de publicidad (¿no debería llamarse propaganda?) institucional en la que el mensaje principal nos informa: "La difusión de contenidos ilegales en Internet es un delito castigado con la cárcel". A continuación, el aviso: "Ahora la ley actúa". Dos elementos completan el amenazante anuncio: una fotografía que muestra, en medio de la penumbra, a un tipo con cara de malo de película frente al ordenador y un teléfono de denuncia anónima. En realidad estos carteles forman parte de un despliegue publicitario/propagandístico mayor organizado por la Federación Antipiratería (FAP).
 
Los departamentos dirigidos por Carmen Calvo (la ministra del IVA de los discos y libros en formato tradicional) y Juan Fernando López Aguilar avalan con sus logotipos (y tal vez con dinero público) una campaña lanzada por una organización privada en la que, una vez más, se ensucia la imagen de Internet. Si la FAP quiere lanzar esos mensajes, allá ellos, tiene todo el derecho a defender de forma legal sus intereses, aunque sea de manera equivocada. Pero la Administración debería limitarse a velar por el cumplimiento de la ley. Si alguna acción constituye un delito, debe perseguir a los autores y ponerlos a disposición de los jueces, nada más. ¿Que ocurriría si estos mismo u otros ministerios apoyaran campañas con mensajes del tipo "Atracar bancos en un delito", "Robar en el Corte Inglés es ilegal" o "Vender Levi's falsos en la Gran Vía es delictivo"? Cachondeo generalizado y lógica indignación por un uso injustificado del dinero público. Pues estos anuncios son lo mismo.
 
También cabe plantearse qué significa que "la ley ahora actúa". Los ministerios de Justicia y de Cultura, junto con la FAP, parecen decirnos que durante las anteriores legislaturas no se aplicaban las normas legales existentes. Se trata, pues, de un mensaje partidista implícito: "las leyes sólo se cumplen cuando gobierna el PSOE, con el PP existía el caos legal". Lamentable campaña. Los recursos del Estado al servicio de una asociación privada y el partido en el poder. Nada más lejos de lo que debería ser la gestión de la Administración pública. Tal vez se cumpla la Ley, pero se viola su espíritu.