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Montilla

Con la CMT a otra parte

Resulta interesante que una de las decisiones más rápidas que ha tomado José Montilla en el terreno de las Telecomunicaciones no haya sido en el ámbito de las regulaciones o de las infraestructuras. Por el contrario, una de las primeras medidas por él anunciada ha sido el futuro traslado de la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona. Se plantea una doble cuestión. ¿A qué debe esta mudanza? ¿Por qué a dicha ciudad? Esperemos que no se deba tan sólo a que el ministro de Industria es catalán.
 
En la actualidad, a un organismo de este tipo no debería afectarle el lugar en el que tiene su sede, con lo cual carece de sentido que esta se traslade. De hecho, dicho cambio no va traer beneficios y si va a generar muchos inconvenientes. En primer lugar, a las arcas del Estado. La mudanza no sale gratis, hay que pagarla. Al traslado de todo tipo de materiales, expedientes y demás cosas que se tengan que trasladar a Barcelona hay que sumar la instalación de sistemas de seguridad y todo el acondicionamiento del edificio en el que se instale la institución.
 
Pero hay más. Sin que nadie saque beneficio alguno de esta medida (tal vez Montilla si obtenga réditos políticos en el seno del PSC) hay unas varios cientos de personas que salen seriamente perjudicadas. Se trata de los aproximadamente 140 trabajadores del la CMT. El capricho, mientras no se demuestre lo contrario, de un ministro les va a obligar a mudarse a una ciudad diferente a la que viven, con todos los inconvenientes que eso supone: las incomodidades –y posiblemente los gastos– de una mudanza, después de haber encontrado una vivienda, la búsqueda de un colegio para los hijos (con el problema añadido del idioma) y mil cuestiones más. Muchos de ellos, por ejemplo, pueden tener una pareja que trabaja en Madrid, tendrán que elegir entre vivir separados o que uno de ellos renuncie a su empleo.
 
Todos son problemas, pero es que además no hay explicaciones de por qué se toma. El argumento dado por montilla de que la medida "refleja la visión del Gobierno sobre la pluralidad de España y la conveniencia de ubicar la sede de instituciones de carácter estatal en diferentes Comunidades Autónomas" no es de rigor. Se necesitan otras explicaciones más sólidas. Además, si es por eso, ¿Por qué no se lleva a Cuenca, Burgos, Vigo o Badajoz?
 
Pero no queda ahí la cosa. Hay que sumar la manera en la que se ha tomado la decisión. Aunque Montilla dice la contrario, parece que el ministro se ha decidido sin consultar ni informar a los afectados.