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El Gran Hermano vive en Bruselas

El déficit democrático de la Unión Europea es de sobra conocido en muchos aspectos, de hecho sigue siendo cierta esa idea de que la UE no podría formar parte de ella misma por no cumplir los requisitos que se exigen a los Estados que quieren ingresar. Pero dicho déficit no se refiere tan sólo a los mecanismos de toma de decisiones, representatividad o su actividad legislativa. También está reflejado en sus actitudes. En lo referido a la Red y las telecomunicaciones en general, los deseos orwellianos no proceden tan sólo de entidades de derechos de autor con una desmedida ansia de control. También se dan en las mentes burocráticas que dirigen las instituciones de los Veinticinco desde la capital belga.
 
La última idea de la Comisión Europea –obligar a los proveedores y compañías telefónicas a almacenar durante un año los e-mail, las llamadas telefónicas y los SMS– es la lógica evolución de un proceso que conduce a un Gran Hermano (el de 1984, no el televisivo) con lugar de nacimiento en Bruselas. Recordemos que primer paso que dieron los euroburócratas bruselenses fue autorizar a los estados a incluir en su legislación la retención de datos de navegación en Internet durante un periodo que podría oscilar entre 6 meses y un año. Algo contemplado en la española LSSI pero que todavía no se aplica por falta del necesario desarrollo normativo de esta medida.
 
A continuación, desde Bruselas surgió la propuesta de abandonar la capacidad de decisión de cada Estado y convertir la retención en obligatoria. En aquella época nacía Gmail y, llamativamente, muchos ciberactivistas protestaron contra la intrusión en la intimidad que puede cometer el correo de Google, pero casi todos guardaron silencio ante el peligro mucho más real contenido en las intenciones del Ejecutivo comunitario. Después fuimos enterándonos de más. En la más pura tradición europea, el Consejo de Ministros tuvo la genial idea de que fueran los afectados por el espionaje sobre los ciudadanos ejercido por los Estados quienes se hicieran cargo del coste de dicho ataque a la intimidad.
 
Con estos antecedentes, no es sorprendente la última idea de los euroburócratas. En todo caso lo extraño es que no lo hayan propuesto antes. La falta de control democrático tiene estas cosas. Los responsables comunitarios se atreven a tomar medidas y a hacer propuestas que un Gobierno nacional no osaría proponer. El Gran Hermano vive en Bruselas y cada vez más tomando más fuerza. Cuanto más tarde la sociedad civil en reaccionar, más difícil será frenar el intrusismo de la UE en la vida privada de los ciudadanos.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

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