Una vez más desde el ámbito político surgen voces contra el anonimato en internet. En esta ocasión la protagonista es Diana Otero, concejal popular en la localidad pontevedresa de El Grove. Irritada por los contenidos de dos bitácoras centradas en este pueblo y en el cercano de Cambados, la edil ha anunciado que tratará de conseguir de su partido una "propuesta de regulación normativa en la que se obligue a los editores de blogs a constituir un registro con su DNI, mediante el que se hagan responsables de sus contenidos y facilitar que estos delitos no queden impunes y que aquellos que se dedican a insultar y a coaccionar en los blogs puedan ser denunciados por las víctimas".
Ha de quedar claro que es la propuesta de Diana Otero o, en todo caso del PP de su localidad, pero no del conjunto de la formación presidida por Mariano Rajoy. Esperemos que en la madrileña Calle Génova a nadie, ni tan siquiera a Beatriz Rodríguez-Salmones, se le ocurra hacer caso a la peculiar propuesta de la edil pontevedresa. La existencia del anonimato en Internet, a pesar de los problemas que en algunos casos pueda acarrear, es una condición muchas veces necesaria para que muchas personas puedan expresarse libremente a través de bitácoras, foros y otras vías.
Tampoco es algo nuevo esta propuesta. Desde el ámbito del PSOE, el ex blogger Enrique Castro insistió en diversas ocasiones en que había que terminar con él. Y, hablando en nombre de la SGAE (esa organización tan mimada por los socialistas), el para tantas personas irritante Pedro Farré fue incluso más allá. Propuso la totalitaria idea de implantar un carné obligatorio para quienes quisieran conectarse a la red. Todos ellos (Otero, Castro y Farré) parecen envidiar algunas de las características del control sobre internet que impone la dictadura china.
El anonimato es la única posibilidad con la que cuentan numerosas personas para poder expresarse libremente sin peligro a represalias de todo tipo. Ha sido el vehículo del que han dispuesto profesores de secundaria para hablar la situación de los centros educativos sin ser represaliados por las autoridades. Es la única opción para funcionarios o empleados de empresas que buscan denunciar abusos en sus centros de trabajo sin sufrir castigos (reconocidos o no) por ello. Y también lo es para personas que buscan dar a conocer la situación, por ejemplo, de lugares en los que organizaciones criminales actúan con total impunidad.
La existencia de abusos en el uso del anonimato no justifica que se les quite a muchas personas la única vía de la que disponen para expresarse libremente sin poner en juego su trabajo o incluso su salud o su vida. Si se prohibiera el esconder la identidad en Internet, el mal causado sería inmensamente mayor que aquel que se pretende combatir. Es lo que siempre ocurre cuando se recorta la libertad.
