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Europa contra la libertad

Quien sea lector habitual de esta columna se habrá dado cuenta hace tiempo que entre las características de su autor no está la simpatía hacia los eurócratas y sí su total desconfianza hacia estos en todo lo que se refiere a las libertades en la Red. No es para menos. Cada vez que desde Bruselas o Estrasburgo sale alguna idea relacionada con Internet, el resultado es que quienes nos conectamos somos algo menos libres. Recordemos, por ejemplo, la tristemente directiva europea sobre retención de datos de navegación.

Si a ese desprecio de la eurocracia hacia nuestras libertades se le suma el afán regulador de los funcionarios y altos cargos de la estructura comunitaria, es normal que se sienta miedo cada vez que alguno de ellos habla de Internet. Eso es precisamente lo que hace saltar la desconfianza al leer que la Comisión Europea quiere medir "el pluralismo" del contenido onlineen el ámbito europeo.

No es que los señores de Bruselas estén especialmente interesados en eso, puesto que van a evaluar el pluralismo en todos los medios de comunicación dentro de la Unión Europea, pero ya han puesto su ojo en Internet. Y ya han dado pistas sobre una de las cuestiones que han puesto en su punto de mira: los buscadores. No nos engañemos. Esto va a llevar a algún tipo de legislación comunitaria que en nombre de la libertad la recortará. La lógica de los acontecimientos, y la experiencia lo demuestra, es implacable. Unos burócratas (con independencia de que sean europeos o de cualquier otro sitio) deciden medir algo para ver si existen problemas en la materia que es evaluada. Nunca pueden llegar a la conclusión de que no, puesto que sería reconocer que se equivocan y malgastan el dinero de los contribuyentes. Así que dirán que sí existen, por lo que es necesaria una regulación. Esta última creará mayores problemas y además recortará la libertad de ciudadanos y empresas.

Los eurócratas reconocen que no saben cómo evaluar el pluralismo en Internet. Pues es fácil. Desconozco qué unidad de medida se utiliza en esta materia. Pongamos que es un hipotético "pluralio". Si la televisión y la radio, al estar tan reguladas, consiguen un pluralismo de 4 pluralios, y en los periódicos (debido al coste que supone crear y mantener uno) es de 10, en Internet seguramente el plurámetro marque cantidades tendentes al infinito, pues cualquiera puede convertirse en emisor por un coste muy bajo (al menos en los países democráticos). Así que ya pueden ahorrarse el dinero. Pero no. Dirán que como tal o cual periódico digital obtiene más visitas que sus competidores existe un déficit que hay que corregir. Y toma regulación al canto. El que esas páginas vistas dependan exclusivamente de la voluntad de los internautas, a los de Bruselas les dará igual.

Pero hay más. El asunto de los buscadores. Desde la Comisión dicen que les preocupa que los sistemas de búsqueda manipulen los criterios de búsqueda a favor de los anunciantes y en detrimento del pluralismo. Ya tiene la excusa. Harán regulaciones en las que funcionarios decidirán qué resultados deben aparecer antes y cuales después. Y a aquellas empresas que no se plieguen, recibirán un multazo millonario. Además hay que tener en cuenta el paleto e intervencionista proyecto de crear una "alternativa" de carácter europeo al dominio de Google en el sector. El resultado podría ser que este eurobuscador, si algún día ve la luz y no quiere quedar en un total fiasco, se vea apoyado por una regulación que, en nombre del pluralismo, esté destinada a fastidiar a la empresa estadounidense.

Eso sí, las cifras de pluralios obtenidas en una medición sincera no manipulada por los eurócratas sería siempre mucho mayor en Google que en el engendro nacido por iniciativa de las intervencionistas mentes de la Comisión Europea.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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