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Antonio José Chinchetru

Impuestos contra la libertad de expresión

El afán recaudatorio de las autoridades puede convertirse –en Filadelfia ya lo ha hecho– en un peligroso enemigo de la libertad de expresión.

En su afán recaudatorio, las administraciones públicas de todo el mundo llegan en ocasiones a caer en el ridículo más absoluto y a cometer las estupideces más absurdas. Es el caso del Ayuntamiento de Filadelfia. El consistorio de la ciudad norteamericana pretende que cualquier persona que tenga un blog en el que aparezcan anuncios pague 300 dólares a las arcas municipales. Las autoridades locales pretenden sustraer esa cantidad incluso a aquellos que hayan cobrado por la publicidad cifras tan reducidas como 11 dólares.

El vampirismo municipal pretende que un blog con anuncios, aunque estos no supongan apenas ingresos para el autor de la bitácora, es un negocio personal. Y en Filadelfia hay que pagar 300 dólares (o 50 dólares al año) al Ayuntamiento por este tipo de actividad económica. La voracidad pública llega a tal extremo que las autoridades podrían exigir el pago de la tasa en cuestión a cualquiera que tenga alojado su blog en un servidor gratuito cuya empresa propietaria sea la que inserte los anuncios para financiar el servicio.

El Ayuntamiento de Filadelfia puede estar poniendo en serio peligro la existencia misma de blogs escritos desde su ciudad. Realmente hay pocas personas que estén dispuestas a pagar 300 dólares de golpe (o 50 cada año) para poder mantener un blog. Eso, además, sin tener en cuenta lo indignante que resulta el hecho de que la administración pretenda cobrar a alguien por ejercer su derecho a expresarse a través de la red.

Con todo, lo peor de estas cosas no es el perjuicio sufrido por sus primeras víctimas. Lo tremendo es que las medidas de este tipo suelen ser copiadas por muchos burócratas y políticos de todas las latitudes. En un momento en el que las cuentas públicas de muchas administraciones están en números rojos, sus responsables pueden encontrar aquí una manera de aumentar los ingresos. En el caso español, por ejemplo, el Gobierno podría decidir que los blogueros con anuncios tienen que hacer la declaración trimestral del IVA, pagar el 15% del IRPF y, además, registrarse como autónomo para pagar las cuotas de la Seguridad Social.

Pocas bitácoras en el mundo pueden ser consideradas un negocio por parte de su autor. En el caso de que un blog personal llegue a conseguir ingresos por publicidad, estos suelen ser muy inferiores a cualquier tasa o impuesto que las administraciones puedan pretender cobrar por considerarlo un negocio. El afán recaudatorio de las autoridades puede convertirse –en Filadelfia ya lo ha hecho– en un peligroso enemigo de la libertad de expresión.

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