Internet a la fuerza

Sin duda alguna es sumamente positivo que las gestiones ante la administración pública se puedan realizar a través de Internet, puesto que es algo que permite ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos. De hecho, lo deseable es que cualquier relación con la casi infinita burocracia que sufrimos los españoles pueda establecerse online sin tener que salir de casa o del despacho. No seremos nosotros los que critiquemos esto, en absoluto. Pero lo que no podemos aplaudir es que los organismos públicos hagan obligatorio el uso de la Red para poder relacionarse con ellos, aunque sea en algún aspecto concreto.

Ese límite lo ha cruzado la Agencia Tributaria, ese organismo que por su propia naturaleza impositiva nos causa un profundo rechazo pero al que le reconocemos que ha hecho más que ningún otro para facilitar las gestiones de los ciudadanos permitiendo desde hace tiempo que se tramiten a través de la Red. Nos hemos enterado de que a partir de ahora Hacienda obligará a las PYME a usar Internet para pagar sus impuestos. Es cierto que esto ya era así para las grandes empresas y no ha supuesto ningún problema, pero es que las diferencias entre unas y otras en cuanto a su relación con las nuevas tecnologías son abismales.

El sector de la pequeña y mediana empresa engloba todo tipo de negocios. Algunos de ellos no tendrán problema alguno para relacionarse con la Agencia Tributaria vía Internet, puesto que entre sus directivos o personal de administración habrá personas muy capacitadas para ello. Pero para otros puede ser un auténtico infierno. Muchos pequeños empresarios son personas que jamás se han conectado a la Red y es posible que en su negocio ni tan siquiera cuenten con acceso a la misma. Para ellos, la obligatoriedad de pagar online sus impuestos supone una traba en lugar de una ventaja.

España es un país donde el uso de Internet está todavía lejos de ser generalizado. Amplias capas de la población no han tocado jamás un ordenador, y esto incluye a muchos pequeños empresarios. Sobre todo si pensamos en los dueños de pequeños negocios familiares, como tiendas o talleres de distinto tipo. Si no tienen acceso a la Red, menos aún dispondrán de la necesaria firma electrónica. Siempre se puede aducir que para salvar este obstáculo pueden recurrir a asesores fiscales que sí disponen de ella, pero estos últimos ya han mostrado su descontento con la nueva situación por ponerles en una situación poco clara desde el aspecto de su responsabilidad legal.

Hasta que pasen todavía unos años y mientras el conjunto de los españoles no esté acostumbrado a usar Internet, la administración debería renunciar a este tipo de medidas. Sin duda alguna la Agencia Tributaria busca mejorar su eficiencia a través de esta medida, pero no debe hacerlo a costa de los contribuyentes. Sería deseable que los responsables de Hacienda reflexionaran sobre ello, dieran marcha atrás y permitieran que los pequeños y medianos empresarios decidieran cómo pagar sus impuestos.