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La censura selectiva de Blair

Si usted es de las personas que creen que el Estado debe regular la moral de las personas, y no está dispuesto a cambiar de opinión, no siga leyendo. Lo escrito a continuación va a ofenderle. Si considera necesario que las autoridades impongan a los ciudadanos qué tipo de pornografía puede acceder y por medio de qué canales puede hacerlo, sepa que aquí no le van a dar la razón. Si además piensa que Internet es especialmente peligrosa y por eso debe estar sujeta a normas más rígidas que los demás ámbitos de la vida actual, realmente se encuentra en las antípodas de lo expresado en este artículo.

Eso sí, si usted se identifica con alguna de las tres posturas expresadas con anterioridad, le parecerán perfectos los nuevos planes del Ejecutivo de Tony Blair. El Gobierno británico planea aprobar una legislación destinada a combatir la pornografía violenta por Internet. En el resto de medios y ámbitos, todo queda como hasta ahora.

Para empezar, resulta más que discutible el hecho de que los gobiernos deban regular el tipo de pornografía que pueden consumir los ciudadanos. Con la excepción de la pornografía infantil y otros casos extremos en los que se muestre a una persona sin capacidad de decidir libremente o haya algún tipo de delito añadido, no debería haber restricciones. La responsabilidad de que los menores no accedan a estos tipos de contenidos debería recaer en los padres, mucho más capacitados que el Estado para decidir qué pueden ver y leer sus hijos y en qué momento. Pero lo que ya resulta especialmente sangrante de los planes del Ejecutivo británico es que la norma sea específica para Internet.

La actual legislación británica prohíbe la importación, venta o publicación de imágenes de "extrema obscenidad o violencia sexual", pero no su posesión. Si se aprueba la nueva norma, se daría el caso de que si alguien compra una revista de zoofilia es inocente ante la ley (aunque el vendedor sea legalmente un delincuente), pero si ve esas mismas fotos en una página web podrá ser castigado hasta con tres años de prisión. En este caso, lo que define la existencia de delito es la conexión a Internet. Hay dos tipos de personas que en líneas generales muestran una gran desconfianza hacia la Red y grandes deseos de recortar lo que se puede hacer en ella. Los políticos y los moralistas que pretenden que sus criterios sean compartidos por todos. En este caso, el Gobierno de Tony Blair demuestra estar formado por personas que son ambas cosas al mismo tiempo.

Estamos ante un nuevo ataque injustificable a la libertad en Internet, por mucho que pueda desagradarnos este tipo de imágenes. El subsecretario de Interior, Paul Goggins, defiende la norma asegurando que el material pornográfico afectado por la norma "es extremadamente ofensivo para la gran mayoría del público, y no debería tener cabida en nuestra sociedad". Aunque sólo fuera aceptable para un único británico, esta excusa no es válida. Mientras no se conculque ningún derecho de las personas, la moral y la ética de la mayoría no se deben imponer por ley. Ni en la red ni en ningún otro ámbito.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

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