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Propiedad intelectual

Lassalle triunfa sobre los internautas

En internet, como en otras muchas cuestiones –¿quién no recuerda aquel "menos impuestos" que se proclamaba desde la oposición?–, el Ejecutivo de Rajoy está haciendo justamente lo contrario de lo que prometía. No sólo actúa de forma radicalmente diferente a lo que proclamaba el PP antes de llegar al poder, también lo hace de manera opuesta a lo prometido en sus primeros meses en el Gobierno.

Es cierto que el Gobierno del PP ha eliminado el canon digital, pero para sustituirlo por algo más sangrante. Ahora la SGAE y compañía cobrarán la "compensación por copia privada" de los impuestos de los ciudadanos, vía Presupuestos Generales del Estado. Pero hay más. Cuando se puso en marcha la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, el 1 de marzo, el Ejecutivo ya había maniobrado para que la misma pudiera ser una "autoridad competente" que pudiera actuar contra las páginas de enlaces. Aun así, el reglamento que la regulaba era lo suficientemente garantista como para evitar, al menos sobre el papel, posibles abusos.

Se ve que, de hecho, era demasiado garantista para el gusto del Gobierno y han decidido endurecer la legislación.

Según se explicó en aquel momento, no se iba a actuar contra páginas de enlaces en general, sino contra links concretos. Y sólo si los responsables se negaban a retirarlos se podría desconectar una web en su totalidad. Ahora cambian los términos. Se podrán cerrar sitios de internet

que tengan como principal actividad facilitar listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral de mantenimiento y actualización de dichos listados.

Pero no termina ahí la cosa. Quien esto escribe escuchó decir a un alto cargo de la Secretaría de Estado de Cultura que en ningún caso se actuaría contra los internautas. Ahora se da un giro de 180 grados para permitir que las entidades de gestión de derechos de autor puedan acceder a la IP desde la que se conectan los internautas y así identificarlos. Y suma y sigue: se restringe el derecho de copia privada, de tal modo que las descargas dejan de estar amparadas por el mismo, aunque quien las haga tenga una copia original de la obra.

Se plantea un futuro muy negro. Tenemos lo peor de lo que había antes, pero aumentado, con el añadido de lo más demencial de las legislaciones contra la piratería del mundo anglosajón.

Pero no debe resultar extraño. Como en tantas cosas, en todo lo referido a la propiedad intelectual e internet, Rajoy se ha caracterizado por no tener las cosas claras y por improvisar. Cuando tuvo que decidir en 2007 si el PP, entonces en la oposición, votaba a favor o en contra del canon digital en el Congreso, lo hizo a última hora. Según el testimonio de alguien próximo al ahora presidente del Gobierno, lo que le hizo decidirse en contra fue que le leyeron los argumentos que un ciudadano había enviado por correo electrónico a una persona de su equipo. Nada de un estudio previo y una reflexión profunda. Si quien envió el e-mail hubiera sido un directivo de la SGAE, podría haber decidido perfectamente lo contrario.

Pero aunque en esta cuestión la característica de Rajoy haya sido la improvisación, no todos los de su formación son iguales. En el seno del PP hay un lobby que lleva años trabajando en defensa de los intereses de las entidades de gestión de derechos de autor. Su rostro más visible fue durante muchos años Beatriz Rodríguez Salmones. Ahora lo es el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. Y se han salido con la suya.

Para concluir, un dato que deja las cosas muy claras. Lassalle ha mantenido como subdirector general de Propiedad Intelectual a Carlos Guervós, que ya ocupaba el cargo con la socialista Ángeles González-Sinde.

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