Como ocurre cada semana, la última columna de Daniel Rodríguez Herrera es inteligente y está bien escrita. Esto, como siempre, se le agradece. Y como me sucede en muchas ocasiones, mi primer pensamiento al comenzar su lectura fue que "me ha vuelto a pisar el tema". Es lo malo de publicar tres días después de él. Si hay un tema especialmente jugoso, Daniel se encargará de comentarlo. Y lo hará de forma tan brillante que nada nuevo podrá aportar otro columnista (en este caso, yo) de Libertad Digital.
Sin embargo, en esta ocasión sentí un malicioso placer al leer la columna "Nuestra intimidad, con el culo al aire". Hay un pequeño, pero importante matiz que puedo hacer a Daniel Rodríguez Herrera. Tiene razón al denunciar los males que genera la ausencia de castigos en el régimen sancionador para las administraciones públicas incluido en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Como bien dice, esto "crea un incentivo perverso: mientras que las empresas se han ido poniendo las pilas en cuanto a la protección de sus datos, las administraciones se lo toman con una pachorra que pa qué".
Sin embargo, en contra de lo que parece creer Daniel, la inclusión de multas a las administraciones no arreglaría nada. La web del INEM seguiría dejando al descubierto todos los datos de cualquiera que esté o haya estado en paro y la DGT seguiría sin cambiar su sitio en internet a pesar de haber sido "condenada" por la Agencia Española de Protección de Datos por un error similar. El problema de los incentivos seguiría presente. Un cargo político o un funcionario de alto nivel no se sentirían más responsables que ahora. Al contrario de lo que ocurre con un directivo de una compañía privada, ellos no suelen percibir que un castigo a la entidad para la que trabajen les afecte de forma personal.
Para evitar los descuidos informáticos de las administraciones que se traducen en dejar al aire la intimidad de los ciudadanos, los responsables deben verse afectados de forma directa. El régimen sancionador debería contemplar castigos para ellos, tanto funcionarios como políticos. A los primeros, por ejemplo, se les podrían imponer suspensiones de empleo y sueldo por periodos determinados. A los segundos, la destitución (temporal o definitiva, según la gravedad) y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cierto número de meses o años.
Este tipo de sanciones, y no otras, son las únicas que funcionarían en la Administración. Sin embargo, no nos engañemos, ningún político va a legislar de esta manera puesto que perjudicaría a los suyos. Y si a pesar de todo, alguno lo intentara, los sindicatos de funcionarios harían lo posible para frenarlo. Así que todo seguirá igual.