Casi dos años de protestas por parte de los afectados y un trámite parlamentario en el que el proyecto se ha enfrentado a nueve enmiendas a la totalidad y cientos parciales no han servido para nada. La Ley Birulés ha sido aprobada de forma definitiva por el Congreso de los Diputados y, si un recurso ante el Constitucional que prolongue el proceso no lo evita, la Red española comenzará a sufrir sus efectos después del verano.
El proyecto inicial era terrible, plagado de peligros para quienes tenían su pequeño hueco en Internet. Algo –muy poco– se corrigió al inicio del trámite parlamentario, pero con trampas que transformaban la "autoridad competente" con potestad de cerrar páginas web en múltiples órganos de control de ámbito nacional y autonómico destinados a que los responsables de los sitios cayeran en la autocensura. Alguna corrección más, mínima, se hizo bajo el aplauso de determinadas asociaciones que se volcaron en la defensa de la LSSI y de sus autores. Sin embargo, según seguía avanzando la tramitación, la cosa se torció. En vez de suavizar el intervencionismo estatal en la Red, el Senado lo ha aumentado y el Congreso ha ratificado que así sea.
En este mismo espacio digital se ha explicado por qué es innecesaria una ley de Internet, y más una norma como la que preparó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero, si el proyecto inicial era nocivo, el resultado final ha sido peor. El fin del anonimato en Internet estaba previsto, desde un primer momento, para quienes disponían de una página "comercial". Esto significa que quien tiene una página contra ETA en la que ha puesto un banner, aunque este sólo le dé lo justo para pagar el alojamiento de su web, está obligado a publicar su nombre completo y dirección postal. Si ya es malo esta pérdida del anonimato, que no ha sido eliminada, por el mero hecho de tener un pequeño anuncio (otra cosa es que un site se dedique al comercio electrónico), los cambios impuestos por el Ministerio del Interior son terribles.
Por imposición de Interior, la LSSI obliga a los proveedores de servicios de Internet a almacenar los datos de tráfico de todos los usuarios durante un año. Interior pretendía que la policía pudiera acceder a esa información sin necesidad de autorización judicial, lo que suponía una clara violación del derecho al secreto de las comunicaciones. Por suerte, eso ha sido corregido, y los únicos que podrán pedir los datos serán jueces y fiscales en el transcurso de una investigación. De todos modos, no es suficiente. La obligación de almacenaje supone una importante carga económica para los ISP españoles, hasta el punto de que podrían llegar a desaparecer algunos de ellos y un peligro real para los internautas. Cualquiera sabe que la seguridad absoluta no existe en la Red. Por muchas precauciones que se tomen, un cracker puede llegar a violar todas las medidas de seguridad que hayan puesto las empresas para proteger esa información y acceder a los datos de navegación (qué páginas se han visitado y durante cuánto tiempo, a quién se han enviado mensajes de correo electrónico y de quién se han recibido, entre otras cosas) de cualquier usuario de la Red.
La LSSI era mala cuando comenzó su andadura; ahora, una vez aprobada, es peor. Rajoy ha conseguido lo imposible: que muchos de quienes se opusieron al texto de Birulés ahora lo añoren como un mal menor.
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