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Pagar por perder derechos

Aunque se llevaba un tiempo sin hablar de ello, la Unión Europea mantiene sus viejos planes para hacer obligatoria en los Estados miembros la retención de datos de navegación en Internet. En España esta medida está contemplada por la nefasta e intervencionista LSSI, esa norma que un PSOE en la oposición prometió eliminar si llegaba al poder pero que continúa en vigor –aunque muchos ciberactivistas que entonces protestaban ahora callen– y sin visos de ser derogada, aunque todavía no se ha aprobado el necesario desarrollo legislativo para su aplicación (esperemos que nunca ocurra, aunque es de temer que es un deseo que no se verá cumplido).
 
Cuando se aprobó la norma española, los entonces Quince tan sólo autorizaban a los estados a retener los datos de navegación de los usuarios, pero desde hace meses planea hacer que esto sea obligatorio. Ya en tiempos del debate parlamentario sobre la LSSI, algunos se preguntaban quién tendría que hacerse cargo del gran coste económico que supondrá recopilar y almacenar toda esa información. Ahora lo sabemos, el Consejo de Ministros de la UE pretende que lo paguen los usuarios, esos mismos que serán espiados por sus Estados por el simple hecho de conectarse a la Red o enviar correos electrónicos. Se trata de una idea en la línea tradicional de la Unión Europea: se recorta la libertad de ciudadano y encima se le quita dinero por ello.
 
Cuando los Veinticinco lleven a cabo sus planes, los ciudadanos no sólo perderán dinero (se les encarecerán las conexiones a la Red), también perderán intimidad ante el Estado y la tranquilidad de que determinados datos suyos no lleguen a terceras personas que no tienen por qué acceder a ellas. La seguridad absoluta en Internet no existe. Siempre existirá el riesgo de un "agujero" que permita que algún cracker acceda a la información almacenada sobre los sitios visitados o sobre con quién se ha intercambiado correos electrónicos. Además se suma la posible existencia de empleados de Proveedores de Servicios de Internet que puedan, por su cargo, acceder a esa información y no tengan problemas éticos en hacerlo.
 
Sin embargo los internautas españoles, como muchos del resto del Viejo Continente, están demostrando en esta y otras cuestiones que no les interesa la defensa de sus libertades en la Red. Eso sí, muchos protestarán cuando les aumenten las tarifas de acceso a Internet. Lo harán por dinero, pero no se preguntarán sobre la causa y el daño que esta supone a su intimidad y libertad.
 
En Internet muchos europeos tienen los mismos vicios que en otros ámbitos de la vida. Comenten el pecado de confiar ciegamente en sus autoridades estatales (y comunitarias) y no vigilan cómo estas les recortan su libertad individual y otros derechos fundamentales.