Por una vez, desde las instituciones de la Unión Europea llegan buenas noticias para los internautas. El Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, una especie de Defensor del Pueblo especializado en dicha materia en la UE), Peter Hustinx, ha dicho que la normativa comunitaria sobre la retención de datos de tráfico en Internet podría ser abolida por los tribunales. Hustinx no descarta que el fin de la liberticida normativa de los veinticinco llegue cuando la transposición de dicha ley comunitaria acabe en los tribunales de varios Estados miembros, procesos que podrían terminar en el Tribunal Europeo de Justicia.
Sus declaraciones demuestran que Hustinx no es muy favorable a la norma, puesto que al considerar que los tribunales pueden "tumbarla" deja claro que considera que posiblemente atente contra los derechos de los ciudadanos. Pero es que hay más. El titular del EDPS se ha mostrado preocupado por "la tendencia a escabullirse del equilibrio adecuado" entre la aplicación de la ley y la protección de la intimidad. Todo un toque de atención hacia los políticos y burócratas de Bruselas y Estrasburgo. Sin embargo, esta noticia también contiene elementos que, no por sabidos, entristecen a uno.
Por una parte está el absoluto desprecio de los euroburócratas hacia la opinión de un organismo independiente que tiene entre sus funciones asesorarles en materia de protección de datos. Sabemos que la opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos respecto a la directiva era negativa, al igual de las de decenas de miles de internautas que firmaron una petición en contra de la norma, pero a los políticos y funcionarios de la Comisión y la Eurocámara no les importó. La norma fue aprobada. Claro que los euroburócratas han demostrado con creces su más absoluto desprecio hacia la libertad en el ámbito de Internet.
Por otra tenemos un aspecto preocupante de las declaraciones de Hustinx; el origen del que se espera que provengan las denuncias que darán pie a los procesos judiciales que pueden acabar con la directiva. Según el Supervisor Europeo de Protección de Datos, quienes recurrirán ante los tribunales serán las empresas de Telecomunicaciones. Aunque también incluye como potenciales denunciantes a individuos, él pone el énfasis en estas compañías, que actuarían de esta manera por los costes que supondrá para ellas el almacenamiento de todos esos datos. No hay nada malo en que los Proveedores de Servicios de Internet traten de evitar un gasto extra. Todo lo contrario. Es legítimo, e incluso una obligación ante sus accionistas. Lo preocupante es que sean sólo las empresas y no otros sectores de la sociedad civil, que consideren que sus derechos están siendo vulnerados, quienes se movilicen.
Las sociedades europeas han demostrado que son poco celosas a la hora de defender los derechos fundamentales ante sus gobiernos y, sobre todo, frente a la UE. Es una constante que los ciudadanos de los veinticinco, y más en algunos países comoEspaña, no se movilicen cuando los poderes públicos atentan contra principios tan elementales como la intimidad o la no intromisión del Estado en su vida. Y esta dejadez es especialmente grave cuando el ámbito afectado es el de Internet. La Justicia puede acabar con la retención de datos, pero la ciudadanía no podrá enorgullecerse de haber colaborado en ello.