El mismo PSOE que niega su relación con Teddy Bautista, le expulsa del patronato de la Fundación Ideas (think tank socialista). Ramoncín carga contra el hasta hace poco todopoderoso capo dei capi y el resto de la cúpula de la SGAE. Lo mismo hace Alejandro Sanz. Destacados artistas de la ceja como Almodóvar, Botto o Cristina del Valle firman junto con otros socios de la SGAE una carta contra los investigados por la Audiencia Nacional, al tiempo que llaman a la "unidad" y piden la "refundación" de la organización.
No vamos a negar la honestidad de algunos artistas a la hora de mostrar su sorpresa y su indignación con Teddy Bautista, José Rodríguez Neri y compañía. El adoctrinamiento en plan "somos víctimas de una mala imagen inmerecida" funcionaba muy bien. Escuchando en varios medios a Ramoncín, con el que soy muy crítico, me da la impresión de que realmente creía justas sus posturas sobre la SGAE que tan impopulares le hicieron. Pero en otros casos es distinto. Son bastantes los que hicieron la vista gorda ante lo evidente, porque se beneficiaban de un sistema injusto (no sólo con el resto de los españoles, también en el reparto de la recaudación de la SGAE en concepto de derechos de autor).
Pero ese no es el problema central. Es cierto que todo el entramado que está saliendo ahora a la luz es producto de las malas artes de un grupo de personas. Pero, para que ellas hayan podido actuar como parece que lo han hecho, es necesario un sistema que dé pie a ello. Y ese es el que rige la propiedad intelectual en España. Lo que se imputa a Bautista y los suyos es forzar la máquina más allá incluso de lo que les permite la ley, que ya de por sí es excesivo.
Gracias a la legislación sobre esta materia, las entidades de gestión disponen de poderes paraestatales a la hora de presionar a comerciantes y ciudadanos. Pueden imponer condiciones leoninas a quien ose representar una obra o interpretar una canción, y su capacidad recaudatoria (no sólo con el canon) es tremenda. Todo ello con el apoyo del poder político. El sistema es abusivo. Hay que cambiarlo radicalmente. Y la vía no es, como pretenden algunos, convertir a la SGAE es un organismo público. Eso sólo le daría más poder y los abusos se multiplicarían. El Estado ha creado el problema, no esperemos que una mayor intervención suya lo arregle.